Refugio
Humanitario en el Ministerio de Justicia: 11 muertos y la lucha por libertad de
las y los prisioneros del Estallido Social
El 15 de abril de 2026, dentro y frente al Ministerio de Justicia en Bogotá, un grupo de familiares, exprisioneros y defensores de derechos humanos logró instalar una mesa de diálogo con el Gobierno nacional. La Campaña Objetivo Libertad, que agrupa a personas judicializadas por participar en las protestas del Paro Nacional de 2021, acompaña esta actividad con carteles que muestran nombres y rostros. No son solo cifras. Son once compañeros que, según las organizaciones, fueron asesinados dentro o fuera de prisión tras su detención durante el estallido social.
Por: Isabel Cortés
“11 compañeros han sido asesinados por
participar del estallido social”, rezaba el cartel principal. Los nombres,
escritos a mano, no dejan espacio para la indiferencia: Jhonatan Sabogal,
asesinado en la cárcel de Tuluá; Carlos Calero Suescún, muerto al recobrar su
libertad; Cristian Camilo Arroyave, Luis Fernando Lasprilla, Yiwar Mondragón,
Niver Andrés Vallejo y Diego Fernando Escobar, todos asesinados poco después de
salir; Geison Lozano Nieto, Roger Gutiérrez Vivas y Jahn Carlos Ávila,
asesinados en prisión; y Kevin Cerón, asesinado días antes de que un juzgado lo
absolviera.
En el refugio humanitario temporal participan
y permanecen exprisioneros y miembros del ya disuelto Colectivo Jhonatan
Sabogal – Prisioneros Políticos del Estallido Social. Recordemos que el 24 de
julio de 2025, después del levantamiento de una huelga de hambre de nueve días
y de la disolución formal del colectivo, en un comunicado cargado de dignidad y
dolor agradecieron el amplio respaldo recibido. Resaltaron que, desde su
creación en agosto de 2022, el colectivo había acompañado a decenas de
judicializados, incluyendo a fundadores hoy asesinados como Luis Fernando
Lasprilla Balanta y Yiwar Mondragón Paredes.
Su presencia activa en la manifestación del 15
de abril de 2026 simboliza la continuidad de una lucha que trasciende los muros
carcelarios y que hoy se une para exigir amnistía total y garantías reales de
no repetición.
El contexto no es nuevo, pero duele por su
persistencia. Entre abril y junio de 2021, el Paro Nacional dejó, según el
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), al menos 70
personas asesinadas, de las cuales 46 se atribuyen presuntamente a la fuerza
pública. Hubo 1.445 detenciones arbitrarias, 73 lesiones oculares y 25 casos de
violencia sexual reportados. Organizaciones como Temblores y el Centro Nacional
de Memoria Histórica han reconstruido cómo la represión se extendió más allá de
las calles: judicializaciones masivas, montajes y, en varios casos, muertes
posteriores de quienes habían sido capturados.
Cuatro años y medio después, más de 40
personas siguen presas o judicializadas por su participación en las
movilizaciones. La Campaña Objetivo Libertad, nacida precisamente para
acompañar a esas familias, no habla de “olvido”. Habla de voluntad política.
Por eso acompaña la jornada en el Ministerio con diez exigencias concretas:
amnistía total (extinción de la acción penal y cierre de procesos), indulto
presidencial como medida subsidiaria, una mesa de revisión caso por caso con
Fiscalía y Ministerio Público, garantías de protección integral (salud,
trabajo, educación), cumplimiento del Comité de Expertos creado en 2025 para
esclarecer violaciones durante las protestas, justicia expedita para los once
asesinados, derogación de la Ley 1908 de 2018 (conocida como Ley GAO, usada
para endurecer procesos contra manifestantes), creación de un centro de
pensamiento para despenalizar la protesta, modificación de la Directiva 001 de
2024 de la Fiscalía y limitación de la Estructura de Apoyo de la misma entidad.
La mesa de diálogo se instaló en las últimas
horas. En ella participan, además de las instancias ya anunciadas, el
viceministro promotor de justicia, la Dirección de Justicia Transicional, el
defensor delegado para prevención y transformación de conflictos sociales, la
defensora del pueblo regional Bogotá, el comandante superior del INPEC, el
asesor del despacho fiscal, el líder de la unidad de justicia restaurativa, la
consejería presidencial para DDHH, la asesora y viceministro encargado de
política criminal, y la Unidad Nacional de Protección. El sacerdote jesuita
Javier Giraldo, histórico defensor de derechos humanos, acompañó la
movilización pacífica.
El Gobierno de Gustavo Petro llegó al poder en
2022 con promesas claras hacia las víctimas del estallido. En mayo de 2024 se
comprometió a crear una Comisión de la Verdad específica; en noviembre de 2025
se materializó un Comité de Expertos ad hoc que funcionará hasta julio de 2026.
Para las organizaciones, sin embargo, estos pasos resultan insuficientes sin
amnistía. La frustración es palpable: mientras se dialoga, los once casos
siguen impunes y las familias sin garantías.
Desde la perspectiva oficial, el diálogo
representa un avance en la política de diálogo social promovida por el
viceministerio encabezado por Gabriel Rondón. Fuentes cercanas al Ministerio de
Justicia, ahora en manos de Jorge Iván Cuervo desde febrero de 2026, destacan
que la mesa busca “articular respuestas concretas” sin desconocer el marco
constitucional. Pero la verdadera prueba será si se traduce en libertad y no repetición.
Este no es un debate abstracto sobre política
criminal. Es la vida de personas concretas que pagaron con la cárcel y luego
con la muerte su decisión de salir a la calle en 2021.
Exigir amnistía total no es pedir impunidad:
es reconocer que la protesta social no puede seguir siendo tratada como delito
común. Es, también, una pregunta incómoda para la democracia colombiana: ¿hasta
cuándo el Estado seguirá criminalizando a la juventud que ayudó a cambiar el
rumbo electoral?
La historia reciente enseña que los acuerdos
pueden diluirse en la burocracia. Las familias de los once asesinados y las más
de 40 personas aún presas no esperan milagros. Esperan garantías concretas,
plazos y, sobre todo, que esta vez las palabras se conviertan en libertad.
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