Lo que la tierra entierra

Lo que la tierra entierra

La cifra de hectáreas gestionadas bajo la actual administración no puede leerse de manera aislada, pues detrás de ese volumen hay un debate de fondo que divide profundamente opiniones: si esa tierra debe quedar sujeta a alguna forma de retribución al Estado.

Por: Valería Lucumí Ruíz

-Como lo son las contraprestaciones al fisco— o si, por el contrario, debe trasladarse al campesinado de manera irrestricta como reconocimiento de una deuda histórica acumulada durante décadas de despojo y exclusión, argumento que el gobierno ha convertido en eje central de su discurso.

Para intentar dar respuesta a esta cuestión es importante mencionar que a pesar de que la posesión de la tierra en gran parte de nuestra historia haya sido mediado por el Estado, el sector agropecuario no ha desplegado sus potencialidades en términos de producción, debido a circunstancias como el conflicto armado, el desinterés en establecer políticas públicas sobre este sector o simplemente la concentración de la propiedad, pues las pocas protestas campesinas que se han dado en este país por la posesión de la tierra, culminan en pactos elitistas de todos los sectores políticos.

Uno de estos pactos, cuyos efectos siguen vigentes, fue el proceso desamortización de bienes de manos muertas en el siglo XVIII impulsado por Thomas Cipriano de Mosquera en 1861 –por medio de distintas leyes sobre enajenación a título individual de la tierra- que tenía como objetivo poner en circulación hectáreas que eran mantenidas improductivas por el clero para dársela a quienes si podían trabajarla. Lamentablemente en su momento los miembros más poderosos de la oligarquía liberal apoyaron esta idea, pero no la forma de llevarlo a cabo, pues tenían como objetivo apoderarse de las tierras expropiadas frustrando así las ideas iniciales de esta emblemática medida, que era justamente democratizar la propiedad de la tierra mediante la adjudicación de esta a pequeños propietarios, y fue así, al pasar la propiedad de la tierra a manos de la burguesía liberal apareció una gran clase comerciante terrateniente con intereses homogéneos. Con esto podríamos concluir que la solución más justa es simplemente transferirles la tierra a los campesinos para evitar la intervención de clases dominantes, pero la realidad dista de ser tan sencilla.

Los análisis construidos a partir de nuestros antecedentes en materia de reformas y estructuras agrarias permiten identificar un patrón recurrente: los mercados resultan socialmente menos eficientes en la asignación de bienes y servicios cuando predomina el ejercicio de la tenencia individual de la tierra, lo que históricamente ha hecho necesaria la intervención del Estado. A ello se suma que décadas de intentos redistributivos en Colombia no lograron cambios significativos en la dinámica de la pobreza campesina, evidenciando que el problema no es solo de acceso a la tierra sino de lo que ocurre después de que esta se entrega, lo que revela que transferir un título de propiedad sin un entramado institucional que lo respalde puede convertirse en un gesto simbólico con escaso impacto productivo real.

Teniendo en cuenta que históricamente la propiedad de la tierra ha sido símbolo de poder político en Colombia, es necesario reconocer el avance del Estado en la reparación de las víctimas de los distintos conflictos que han marcado al país; sin embargo, ese mismo Estado deberá asumir un rol regulador firme sobre estas adquisiciones, estableciendo topes máximos a la propiedad, mecanismo que ha caracterizado a las reformas agrarias verdaderamente exitosas en el mundo y que garantiza una distribución equitativa y sostenible del territorio.

Desde la época de la independencia la problemática sobre quién debe de poseer la tierra en nuestro país siempre ha estado vigente, y resolverla exige ir más allá del gesto restitutivo: no basta con devolver, hay que redistribuir. Esta redistribución no puede dirigirse únicamente hacia campesinos e indígenas sino también a las élites terratenientes del país, exigiendoles asumir con responsabilidad los deberes políticos y productivos que implica la tenencia de la tierra para que por medio de reglas claras y universales sea por fin posible alcanzar el balance que el campo colombiano necesita para funcionar con justicia y eficiencia.