El bachiller que incomoda

El bachiller que incomoda 

El nombramiento del primer ministro del Gobierno del Cambio, señalado con ligereza por no ostentar títulos universitarios sino el grado de bachiller, ha reabierto un debate que Colombia conoce bien: ¿quién decide qué saber ---saber, saber ser, saber-hacer--- vale para gobernar? ¿Desde cuándo la dignidad, la experiencia vital y el liderazgo social quedaron subordinados a un cartón colgado en la pared o en el archivo muerto de una oficina?

Por: Jefferson Montaño Palacio

No se trata de despreciar la formación académica ni, mucho menos, relativizar la importancia del conocimiento técnico o profesional en la gestión pública. Gobernar exige capacidades, equipos sólidos y responsabilidad institucional. Pero reducir la idoneidad a la posesión de un título es una forma elegante ---y persistente--- de exclusión. En Colombia, el saber nunca ha sido patrimonio exclusivo del aula universitaria. El maestro Estanislao Zuleta, uno de los pensadores más lúcidos y provocadores del país, construyó una obra intelectual sólida y vigente sin haber pasado por la universidad, formado más bien en la lectura rigurosa, la reflexión crítica y el diálogo permanente con los clásicos. Algo similar ocurrió con Manuel Murillo Toro, dos veces presidente de la República de Colombia en el siglo XIX, quien alcanzó la más alta dignidad del Estado siendo apenas bachiller, sostenido por su talento político, su ética pública y su comprensión profunda del país.

Colombia tiene memoria corta cuando conviene, pero su historia es elocuente. La concentración del poder burocrático en manos de una élite ilustrada; el acceso al gobierno siempre estuvo mediado por el tono de piel, el apellido y la cercanía a los centros urbanos del saber. No son casos aislados Jorge Eliecer Gaitán, aunque fue antes un autodidacta precoz forjado en la tribuna y en la calle; José María Vargas Vila, sin títulos universitarios formales, influyó decisivamente en el pensamiento político y literario latinoamericano; y en el siglo XX, líderes sindicales, intelectuales populares y maestros rurales han demostrado que el conocimiento también se produce desde la experiencia, la lectura autónoma y la lucha social.  

A lo largo de su historia reciente, líderes provenientes de territorios históricamente olvidados han sido sometidos a un escrutinio más severo que el aplicado a las élites tradicionales. En esté contraste, los errores de quienes portan apellidos ilustres o diplomas extranjeros suelen ser interpretados como simples tropiezos técnicos.   

El problema no es el bachillerato; el problema es el prejuicio. Un prejuicio racial y de clase con raíces profundas en la formación misma del Estado-nación, construido históricamente por y para una élite blanca-mestiza que monopolizó el saber legítimo, el poder político, la administración pública y la riqueza. Es la incapacidad de reconocer que el conocimiento también se produce en la lucha social, en la administración comunitaria, en la negociación territorial, en la defensa de derechos colectivos. Hay saberes que no caben en un pénsum universitario; sin embargo, resultan decisivos para comprender un país atravesado por la desigualdad y el desconocimiento.

Ejemplos sobran, y no son anecdóticos, sino estructurales, es decir, culturales. Cada vez que una mujer afro, un líder indígena o un dirigente popular asume un cargo de alta responsabilidad, el debate se desplaza rápidamente de las ideas y los programas hacia su hoja de vida. No se pregunta qué propone, sino “que estudio”; no se analiza su proyecto de vida, sino su acento, su color de piel o su trayectoria no tradicional. Ese es el verdadero sinsabor: la sospecha y el prejuicio permanente sobre nuestra legitimidad.

El Gobierno del Cambio prometió ampliar la democracia, no solo en las urnas, sino en el acceso al poder. Esa promesa tiene una carga histórica: romper con un orden racial implícito que durante décadas reservó los ministerios, los altos cargos y la palabra autorizada a quienes encajaban en el molde del funcionario “civilizado”, educado bajo parámetros europeos y ajeno a las realidades de los territorios periféricos. Esa promesa incomoda porque desordena las jerarquías heredadas. Reconocer a un ministro o alto funcionario por su liderazgo y compromiso social es reconocer que el Estado también puede aprender de quienes han sido históricamente gobernados sin ser escuchados.

Por eso, más allá de los títulos, el verdadero examen será el de la gestión, la ética pública y la capacidad de transformar realidades. Allí es donde se mide a cualquier funcionario, venga de donde venga.

Siempre tendremos que convivir con el sinsabor del menosprecio que sienten ciertas élites cuando los pueblos indígenas y afrodescendientes llegamos a cargos de alta responsabilidad. Ese menosprecio no es nuevo: es la herencia de un país que negó durante siglos la humanidad plena de estos pueblos y que hoy se resisten a reconocer su capacidad para gobernar. Cada nombramiento cuestionado por razones raciales o de clase confirma que el problema no es la falta de títulos, sino el miedo a perder el monopolio histórico del poder. Pero también con la certeza de que cada llegada abre una grieta en ese muro.

Finalmente, los invito a que revisen un post que realicé esta semana en mi muro de Facebook sobre mis buenos deseos al nuevo ministro y se darán cuenta de la sociedad que tenemos. Éxitos en la misión encomendada, compañero Alfredo Acosta Zapata, nuevo Ministro de Igualdad y Equidad. Que su gestión sea juzgada por sus resultados y su compromiso con la justicia social, no por los prejuicios de siempre que impone la sociedad.

 #ElBachillerIncomoda #GobiernoDelCambio #MinisterioDeIgualdad #AlfredoAcostaZapata