Fiscalía acusa a exdirectivos de la Nueva EPS por
ocultamiento de facturas y desvío millonario de recursos
La Fiscalía General de la Nación presentó este
lunes una acusación formal contra varios exdirectivos de la Nueva EPS,
señalados de haber ejecutado un plan fraudulento para ocultar facturas y
alterar los estados financieros de la entidad, con el fin de evitar la intervención
del Estado. Según la investigación, la estrategia permitió maquillar la situación
real de la empresa en perjuicio de los usuarios y del sistema de salud.
De
acuerdo con el ente acusador, los implicados diseñaron maniobras contables que
consistían en el ocultamiento sistemático de facturas y obligaciones
financieras, lo que permitió presentar balances falsos y sostener la apariencia
de estabilidad. Esta manipulación, sostiene la Fiscalía, buscaba mantener el
control de la EPS y esquivar los mecanismos de vigilancia de la
Superintendencia Nacional de Salud.
Además
del ocultamiento de información, los exdirectivos fueron señalados de desviar
recursos por más de 70.500 millones de pesos, fondos que pertenecían al sistema
de salud y que, en lugar de destinarse a la atención de los afiliados, habrían
sido utilizados para fines ajenos a la misión de la EPS. Este desfalco, según
el expediente, afectó directamente el acceso a tratamientos, medicamentos y
servicios para miles de usuarios.
La
investigación surgió tras denuncias de auditores internos y alertas de la
Supersalud, que evidenciaron inconsistencias graves en los balances
financieros. Posteriormente, la Fiscalía recopiló pruebas documentales,
testimonios y rastros de operaciones bancarias que demostrarían la red de
ocultamiento y el desvío de recursos.
En
la imputación de cargos, la Fiscalía acusó a los exdirectivos por los delitos
de administración desleal, falsedad en documento privado, enriquecimiento
ilícito y concierto para delinquir. De ser hallados responsables, podrían
enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión, además de sanciones económicas
y la inhabilitación para ocupar cargos públicos o dirigir entidades privadas
relacionadas con el sector salud.
La Nueva EPS, una de las más grandes del país con
más de 10 millones de afiliados, enfrenta en la actualidad una crisis de
confianza por el impacto de estos hechos. Organizaciones de pacientes y gremios
médicos han exigido respuestas inmediatas, señalando que los responsables deben
responder por la vulneración del derecho fundamental a la salud de millones de
colombianos.
El proceso judicial continuará en los próximos
meses con la presentación de pruebas ante un juez especializado en delitos
contra la administración pública. Entre tanto, la Fiscalía reiteró que estos
casos demuestran la necesidad de reforzar los mecanismos de control y
transparencia en el manejo de los recursos del sistema de salud, uno de los
sectores más sensibles y estratégicos para el país.
Informe: redacción tercera RAÍZ
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