La JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a altos mandos del ejército por 442 falsos positivos en Antioquia

La búsqueda de verdad y justicia en Colombia ha dado un paso crucial. Este miércoles 19 de febrero de 2025, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado a cuatro generales retirados del Ejército Nacional de Colombia, junto a 35 oficiales y suboficiales, por su responsabilidad en al menos 442 casos de falsos positivos en el departamento de Antioquia entre 2004 y 2007. En un hecho sin precedentes, la JEP ha determinado que estos crímenes no solo incluyeron homicidios y desapariciones forzadas, sino también torturas, marcando un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas.

Por: Isabel Cortés

Altos mandos imputados y la política del "conteo de cuerpos".

Los generales retirados Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria han sido señalados como los principales responsables de liderar una estrategia conocida como "conteo de cuerpos". Bajo esta práctica, promovida dentro de la IV Brigada del Ejército Nacional, se ejecutaban civiles inocentes para presentarlos como bajas en combate. Esta política respondía a la presión de los altos mandos militares por mostrar resultados en la lucha contra los grupos armados ilegales.

Según la JEP, la directriz de priorizar muertes sobre capturas o desmovilizaciones se mantuvo a pesar de las reiteradas advertencias de organismos de derechos humanos y de la Procuraduría. Las tropas eran presionadas para aumentar el número de bajas y recibían incentivos cuando reportaban más muertes. Además, dos civiles también fueron imputados por integrar una red criminal que reclutaba víctimas con promesas falsas de empleo. Estas personas eran entregadas al Ejército a cambio de sumas que oscilaban entre dos y tres millones de pesos por cada "baja en combate".

Esta macabra estrategia no solo se limitó a Antioquia, sino que también se evidenció en otras unidades militares, como la Brigada Móvil 15 en el Catatumbo.

Tortura y otras formas de ejecución.

Por primera vez, la JEP ha determinado que al menos 22 casos, con 41 víctimas, incluyeron actos de tortura. Estas prácticas se utilizaron para extraer confesiones, obtener información sobre material de guerra o forzar delaciones sobre presuntos miembros de grupos armados.

El tribunal también identificó cuatro modalidades en las que se ejecutaban estos falsos positivos:

Señalamientos arbitrarios: civiles eran detenidos y asesinados tras ser acusados sin pruebas de pertenecer a la guerrilla.

Engaño: las víctimas eran reclutadas con falsas ofertas de empleo y luego ejecutadas.

Asesinato de combatientes rendidos: guerrilleros que se entregaban voluntariamente eran asesinados en lugar de ser capturados.

Asesinatos oportunistas: personas que transitaban por zonas controladas por el Ejército eran ejecutadas para inflar las cifras de bajas.

Uno de los casos más impactantes es el de Martha Olivia Duque García, una niña que resultó herida durante un enfrentamiento en Cocorná, Antioquia. Según testigos, la menor se rindió y pidió ayuda, pero en lugar de recibir asistencia, fue interrogada y posteriormente asesinada para ser presentada como una baja en combate. Así relató la JEP:

"El 24 de agosto de 2004, en el municipio de Cocorná, Antioquia, Martha Olivia fue gravemente herida en el pecho durante un combate con el Ejército. Se arrodilló en el suelo y alzó las manos en señal de rendición ante las tropas del Batallón de Infantería No. 4. 'Jorge Eduardo Sánchez'. 'No me mate, que yo me entrego', le rogó al soldado que la encontró. Fue retenida por los militares, interrogada y, tras haber aportado información, asesinada y presentada como una baja en combate. Su cuerpo fue transportado a caballo hasta un trapiche cercano y posteriormente entregado a la morgue del municipio".

Consecuencias legales y próximos pasos.

Los militares y civiles imputados tienen la posibilidad de aceptar su responsabilidad y acogerse a los beneficios de la justicia transicional, lo que podría traducirse en sanciones restaurativas. Si deciden negar los cargos, su caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser hallados culpables en juicio, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

La JEP continúa investigando los falsos positivos dentro del Caso 03, que analiza la responsabilidad de agentes del Estado en ejecuciones extrajudiciales. Este pronunciamiento representa un nuevo avance en la lucha contra la impunidad y un paso crucial para esclarecer uno de los episodios más oscuros del conflicto armado en Colombia.

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