Recuperar el valor del voto
El debate sobre la compra de votos en Colombia es tan viejo como la República misma. Sin embargo, en la antesala de la crucial segunda vuelta presidencial, el fenómeno adquiere un matiz desgarrador cuando analizamos el comportamiento electoral en las regiones históricamente marginadas, particularmente dentro del pueblo afrocolombiano.
Por: Jefferson Montaño Palacio
Que sectores del pueblo afroascendiente hayan decidido entregar su respaldo a la campaña del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, motivados por la codicia, el dinero en efectivo y las prebendas —mal llamadas “coimas”—, no es solo un delito electoral: es un acto de desmantelamiento de nuestra memoria histórica y un golpe directo al futuro de todo el pueblo afroascendiente.
La transacción es simple y perversa. El político populista llega con su narrativa de opulencia, ofrece la gratificación inmediata del billete para alivianar el hambre de hoy, y a cambio se lleva el pasaporte para gobernar en contra de los intereses de esa misma periferia el día de mañana. Quienes ceden ante estas prácticas suelen justificarlo desde la urgencia de la subsistencia o el cinismo cívico de “robar al que roba”. Pero el costo real de esa “coima” no lo paga el bolsillo del candidato; lo paga la dignidad colectiva de un pueblo que luchó durante siglos para pasar de la condición de mercancía a la de ciudadanos con derecho al autoreconocimiento y la autonomía territorial.
El impacto de este fenómeno sobre el resto de la población afroascendiente es profundo y destructivo entre niveles fundamentales.
La erosión de la representación legítima en donde el maestro e intelectual, académico y escritor Manuel Zapata Olivella, dedicó su vida a desmontar que el valor del pueblo negro-afroascendiente reside en su herencia de libertad y en su fuerza política emancipadora. Cuando el voto afro se fragmenta y se vende al mejor postor, la capacidad de negociación política en bloque se destruye. Dejamos de ser un actor político respetable y transformador para convertirnos, ante los ojos del poder central, en un simple nicho de mercado transaccional y folclórico.
Seguiré insistiendo y manifestando que la corrupción electoral es el principal combustible del racismo estructural. El dinero de la campaña que hoy compra conciencias en los barrios vulnerables de Buenaventura, Quibdó, Tumaco, Cali o Cartagena, es el mismo que mañana faltará en las escuelas, universidades públicas, hospitales, subsidios, agua potable y alcantarillado. Al votar por quienes usan la billetera para saltarse la democracia, se condena al resto de la comunidad a seguir habitando los márgenes del desarrollo.
La legitimación de discursos contrarios a los derechos étnicos es el mismo proyecto político que encabeza el “tigrillo”, el cual promueve un modelo de centralismo estricto y visiones de seguridad que históricamente han chocado con los enfoques de protección comunitaria, los planes de vida de los consejos comunitarios y los derechos territoriales ganados en la Ley 70 de 1993. Vender el voto a este modelo es, paradójicamente, financiar el retroceso de los marcos legales que protegen la diversidad étnica del Estado-nación.
Por último, entender la desesperación de la pobreza no obliga a ser cómplice y entregar el futuro del país. Cada mujer y hombre afrocolombiano que hoy acepte dinero por su voto no está haciendo un negocio privado; está firmando una hipoteca social que pagarán sus hijos, familiares y sus vecinos.
En este momento definitorio, recuperar el valor del voto como una herramienta de resistencia y dignidad es la única vía para evitar que los derechos de todo un pueblo continúen siendo subastados al mejor postor de los Estados Unidos.
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