Cuando cuidar enferma: el HUV sangra por dentro
La crisis del sistema de salud colombiano no es una falla accidental, ni producto de un mal hábito administrativo: es la cristalización de un modelo económico que externaliza responsabilidades, fragmenta derechos y convierte la salud pública en un escenario donde trabajar más significa recibir menos.
Por: Jefferson Montaño Palacio
En el Hospital Universitario del Valle “Evaristo Garcia”, centro de referencia para millones de habitantes del suroccidente colombiano, esta lógica se ha hecho literal: según la inspección del Ministerio del Trabajo, más del 90% del personal –cerca de más de 3.000 trabajadores– están vinculados mediante contratos sindicales intermediados, frente a apenas 400 trabajadores con vinculación directa.
Esta cifra no es anecdótica: representa un sistema de precarización estructural. Bajo esta modalidad, quien cumple las mismas funciones que un empleado directo recibe cerca de 1.700.000 pesos mensuales, mientras que el trabajador con contrato directo puede ganar alrededor de 3.000.000 a 3.300.000 pesos por idéntica labor. Esta brecha salarial –en pleno corazón de la salud pública– no es solo injusta; es una violación directa de los principios de igualdad y equidad laboral que deberían ser innegociables en cualquier estado social de derecho.
Peor aún: los trabajadores bajo este esquema no perciben horas extras, licencias, incapacidades ni vacaciones completas, y solo tendrán acceso a cinco días de descanso al año, frente a los 15 establecidos por la ley laboral en Colombia. Es decir, su dignidad laboral está amputada por contrato, y quien debería protegerla la sacrifica en el altar de la contabilidad paralela.
Pero más allá de cifras y contratos, lo que ocurre dentro del HUV muestra el rostro cruel de esta lógica: la inspección incluso advirtió riesgos químicos y ergonómicos en áreas como la morgue, donde trabajadores manipulan sustancias como formol sin ventilación ni protección adecuadas –lo que puede generar problemas de salud a largo plazo–, exposición que ningún contrato deberia justificar.
Hay que decirlo con claridad: estas condiciones no se producen en el vacío. La crisis de la salud en el Valle del Cauca es profunda y multidimensional. La red hospitalaria opera en algunos casos con hasta un 300% de sobreocupación, lo que agrava la presión sobre los trabajadores y aumenta la probabilidad de errores clínicos, agresiones y desgaste físico y emocional. En urgencias, por ejemplo, diariamente entre 200 y 250 personas ingresan al servicio, muchos de ellos remitidos sin atención previa, lo que convierte una labor ya exigente en un trabajo que bordea la incapacidad operativa.
Es en este contexto que algunos trabajadores han respondido con orgullo profesional: “No somos esclavos de nadie, somos profesionales formados para atender a la comunidad”, dijo un coordinador de urgencias del hospital recogido en medios. Pero esta declaración, sólida en espíritu, no obscurece la realidad material: vocación no es sinónimo de ausencias de derechos.
La periodista y teórica del cuidado, Joan Tronto, ha argumentado que el cuidado y, por ende, la salud no puede existir sin reciprocidad de dignidad, ni mucho menos sin estructuras que sostengan a quienes cuidan. Este principio fundamental se quiebra cuando un sector clave de la fuerza laboral en salud vive como si sus derechos fuesen un privilegio, no una condición legal y ética.
De esta manera, el profesor e investigador Guy Standing conceptualiza el surgimiento del “precariado”: una clase trabajadora atrapada en empleos fragmentados, con derechos limitados, sin seguridad y con un futuro laboral incierto. Ese no es solo un diagnóstico teórico; es la realidad brutal que enfrentan miles de trabajadores de la salud en Cali y en todo el Valle del Cauca.
Finalmente, negar esta evidencia –como lo han intentado directivos o representantes oficiales que minimizan las denuncias– no cambia la experiencia vivida por quienes cargan turnos interminables, con sueldos precarios y sin protección adecuada. Tambien es un error político y moral que favorece la impunidad gestada por Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, Norma Hurtado, quien quiere reelegirse como senadora por el partido de la U, y Roy Barreras precandidato a la presidencia.
Porque la salud pública no puede seguir siendo el espacio donde se ensayan formas ágiles de precarización. Cuando quienes nos cuidan son tratados como trabajadores de segunda clase, estamos aceptando colectivamente que la dignidad es negociable. Y no lo es.
¡Recuerda con Iván Cepeda Castro, ganamos en primera!
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