Voto obligatorio: una deuda democrática
En Colombia nos acostumbramos a que la democracia sea un rito intermitente. Votamos poco, delegamos mal y luego nos indignamos tanto que le terminamos echando la responsabilidad a otros. La abstención –que en elecciones legislativas y locales suele rondar o superar el 50%– no es solo una cifra más: es el síntoma de una representación fracturada. ¿Puede el voto obligatorio ser una herramienta para reconstruir la legitimidad del sistema político? La pregunta incomoda a quienes sacraliza la libertad negativa “mi derecho a no participar”, pero el debate merece menos dogma y más teoría política.
Por: Jefferson Montaño Palacio
La filósofa Hanna Pitkin distinguió, en The Concept of Representation (1967), entre representación formal, descriptiva, simbólica y sustantiva. Colombia ha sobredimensionado la dimensión formal –la autorización electoral– y ha descuidado la sustantiva: actuar en beneficio de los representados. El voto obligatorio no garantiza por sí mismo una representación sustantiva, pero sí puede fortalecer la base formal y simbólica al ampliar el universo de quienes autorizan y vigilan. Una democracia donde votan principalmente los más movilizados (los más incautos capturados por maquinarias clientelares) produce élites más homogéneas y menos responsables ante la diversidad social.
Desde otra orilla, Joseph Schumpeter concibe la democracia como un método competitivo para seleccionar gobernantes. Si aceptamos esa visión minimalista, la competencia es más robusta cuando el electorado es amplio y representativo del conjunto social. El voto obligatorio corrige el sesgo de participación: tienden a abstenerse más los jóvenes, los sectores más pobres y quienes desconfían del sistema; justo los sectores que más requieren de políticas públicas transformadoras. Obligar a votar a la ciudadanía colombiana –con sanciones proporcionales y pedagógicas– puede reducir la captura clientelar que se apoya en la baja participación electoral.
Por supuesto, el liberalismo clásico entraría a objetar que la obligación vulnera la libertad del sujeto individual. Pero como recordó Jean-Jacques Rousseau, la libertad republicana no es solo ausencia de coacción, sino participación en la formación de la voluntad general. El sufragio obligatorio no impone una preferencia; impone la comparación. El ciudadano puede votar en blanco, anular o incluso expresar su protesta. La obligación es de presencia cívica, no de adhesión ideológica.
Experiencias comparadas muestran que la obligatoriedad puede elevar la participación por encima del 80% y estabilizar la legitimidad institucional. No es una panacea: sin partidos programáticos, sin financiación transparente y sin pedagogía democrática, la obligatoriedad puede convertirse en un trámite más. Aquí es útil recordar a Robert Dahl y su noción de “poliarquía”: elecciones libres y competitivas, inclusión amplia y libertades civiles. El voto obligatorio fortalece la inclusión; no obstante, debe ir acompañado de garantías efectivas de competencia y deliberación.
En Colombia, donde la delegación política ha sido históricamente mediada por redes clientelistas y desigualdades territoriales, el voto obligatorio podría equilibrar la representación. Si todos votan, el costo de comprar votos aumenta y el rendimiento electoral de las maquinarias disminuye. Además, amplía la presión para que los partidos construyan agendas nacionales y no solo microsegmentos cautivos. La representación descriptiva de mujeres, juventudes y grupos étnicos también podría beneficiarse al ampliarse el electorado efectivo.
Sin embargo, la propuesta exige un diseño institucional cuidadoso, (i) sanciones leves y graduales (multas simbólicas o trámites administrativos condicionados), (ii) facilidades reales para votar (jornadas amplias, transporte, voto anticipado y accesible), (iii) educación robusta y cívica y (iv) reforma de partidos que fortalezca la rendición de cuentas y la democracia interna. Obligar sin facilitar es castigar; obligar sin educar es vaciar de sentido.
Mi postura es clara: el voto debe ser obligatorio; no es una herejía liberal, sino una apuesta real republicana por la corresponsabilidad. En un país donde la delegación ha sido demasiadas veces una abdicación, comparecer a las urnas debe ser un deber cívico equiparable al pago de impuestos o al jurado de votación. La democracia no se reduce al derecho a elegir; es también el deber de sostener el espacio común. Si queremos que la representación deje de ser un espejo roto y se convierte en mandato vivo, ampliar la participación no es opcional: es urgente.
Y aquí el debate deja de ser abstracto. Porque la representación no se mide en manuales, sino en nombres propios y en apuestas históricas. La eventual candidatura de Iván Cepeda Castro a la presidencia obligaría al país a preguntarse qué tipo de delegación quiere ejercer: la del cálculo frío o la de la convicción ética.
Finalmente, la democracia colombiana necesita dejar de ser un club de asistentes frecuentes y convertirse en una asamblea nacional permanente. Si el voto es deber y no solo derecho, la presidencia deja de ser la coronación de una maquinaria y se convierte en el resultado de una deliberación colectiva inevitable.
Tal vez el verdadero miedo al voto obligatorio no sea la multa simbólica, sino el espejo: obligarnos a todos –sin excusas– a decidir qué proyecto de país estamos dispuestos a respaldar. Y cuando el sufragio deje de ser una opción cómoda y pase a ser un compromiso ineludible, candidaturas como la del compañero Iván Cepeda no se medirán por ruido mediático, sino por la profundidad de su propuesta frente a un pueblo que, por fin, no podrá decir que no participó. ¡Ganaremos en primera!
0 Comentarios