La política en Cali revela quién está roto
En la más reciente discusión política en Santiago de Cali, iniciando el año 2026, ante la propuesta radicada ante el Concejo Distrital del alcalde Alejandro Eder de ajustar el esquema de subsidios a los servicios públicos domiciliarios —acueducto, alcantarillado y aseo— para los estratos más vulnerables, se desató una ola de reacciones encontradas. Además, de la técnica presupuestal, la discusión revela una tensión profunda entre lo que significa proteger derechos esenciales y una visión tecnocrática de balancear cuentas del distrito.
Por: Jefferson Montaño Palacio
La administración distrital argumenta que el modelo vigente corre riesgo de insostenibilidad financiera y que un ajuste podría ayudar a preservar estos beneficios a largo plazo. Lo cierto es que esta propuesta fue interpretada por muchos como un intento de desmantelar un mecanismo de solidaridad que históricamente ha permitido que más de 236.000 hogares en Cali, paguen menos por la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
En ese sentido, los subsidios en Colombia son un derecho fundamental y solidario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de subsidios? En Colombia, el esquema de subsidios cruzados a servicios públicos está consagrado en la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos domiciliarios y establece que deben contribuir a garantizar la prestación eficiente y equitativa de servicios básicos esenciales. La ley define subsidios como descuentos en el valor de la factura para los hogares de menos recursos económicos, financiando —en parte— por aportes solidarios de los estratos altos y sectores comerciales e industriales.
Este esquema no es una simple política asistencialista; es una manifestación de solidaridad redistributiva inscrita en el derecho social colombiano. El académico Amylkar David Acosta, por ejemplo, explica que estos subsidios buscan asegurar el acceso a servicios básicos, especialmente de agua y energía —lo cual está directamente ligado a derechos humanos y estándares mínimos de dignidad— evitando que la capacidad de pago quede supeditada a las condiciones del mercado.
Por otra parte, análisis de economistas como Carlos Medina y Leonardo Morales argumentan que la lógica de los subsidios tiene como objetivo reducir barreras de acceso mientras se redistribuyen recursos entre estratos, aunque no está exenta de desafíos técnicos como su incidencia en precios de vivienda o distorsiones del mercado.
Las cifras hablan por sí solas: mantener subsidios del 68% para el estrato 1, el 31% para el estrato 2 y, aunque menor, del 1% al 5% para el estrato 3, esto implica un alivio real para familias con escasos ingresos que destinan una proporción significativa de su gasto mensual a servicios básicos esenciales.
La aporofobia institucional instalada por el alcalde Alejandro Eder nos recuerda la clásica tensión entre eficiencia económica y equidad social. Políticas de subsidios, como las de servicios públicos, pueden percibirse desde una mirada tecnócrata —centrada en balances y sostenibilidad financiera— o desde una mirada centrada en derechos y justicia social. No son posturas que necesariamente choquen, pero sí requieren de análisis profundamente integrales, con participación ciudadana y evidencia empírica, no solo con modelos contables.
Un ajuste mal concebido no solo puede aumentar la vulnerabilidad de hogares con pocos recursos, sino también socavar la confianza ciudadana en las instituciones que deben garantizar derechos básicos. Por el contrario, fortalecer el sistema de subsidios, acompañado de estrategias para hacerlo sostenible, como ajustes progresivos basados en estudios empíricos, podría ser una apuesta más coherente con la equidad y con la visión de ciudad que, en teoría, todos anhelamos.
Finalmente, si la política de subsidios en servicios públicos es un espejo de la sociedad, entonces lo que logró reflejar este debate en Cali es una pregunta mayor: ¿qué tipo de ciudad queremos construir? ¿Una que mida todo en términos de porcentajes y sostenibilidad contable, o una que priorice la justicia social y el acceso universal a lo esencial?
La respuesta no es sencilla, pero sí urgente. Y pasa, necesariamente, por escuchar no solo a los técnicos, sino a las voces de quienes día a día pagan, trabajan y luchan por una vida digna bajo el sol inclemente del contexto urbano y periferias en Colombia.
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