Racismo de género en la JEP: cuando la justicia olvida la igualdad

Racismo de género en la JEP: cuando la justicia olvida la igualdad  

En Colombia, los derechos laborales deberían ser la expresión concreta de la dignidad humana. Sin embargo, el caso narrado por Julieth Paulin revela una realidad persistente: la persecución laboral y la discriminación siguen siendo estrategias de silenciamiento contra quienes se atreven a denunciar arbitrariedades. Este no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático en el que las instituciones, en lugar de proteger, reproducen la violencia estructural. 

Por: Julieth Paulin Fragozo Serpa 

Lo más preocupante es la normalización de estas prácticas. Que un trabajador o trabajadora sea hostigado por levantar su voz frente a irregularidades institucionales demuestran que aún no hemos logrado consolidar un verdadero Estado social de derecho. La promesa constitucional se desvanece cuando la justicia se dilata, cuando el miedo se convierte en herramienta de control y cuando el trabajo deja de ser un derecho y se reduce a una forma de opresión. 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue concebida como el mecanismo más innovador de la justicia transicional en Colombia: un espacio para sanar heridas, reconstruir confianza y dignidad a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, el reciente caso de la funcionaria Julieth Paulin Fragozo Serpa, víctima de presunta persecución laboral, racismo y discriminación de género en el interior de esta institución, evidencia una grieta profunda. La justicia que busca reparar a la nación parece incapaz de garantizar derechos básicos a sus propios servidores públicos. 

La denuncia de Julieth Paulin no es un hecho aislado, sino un espejo de las violencias estructurales que atraviesan en la vida laboral de las mujeres afrodescendientes en Colombia. El racismo institucional y el machismo no solo marginan y silencian, también erosionan la legitimidad de las instituciones llamadas a combatirlos. Cuando la JEP, símbolo de reparación, permite que estas prácticas persistan en sus pasillos, se socava su credibilidad frente a las víctimas del conflicto armado interno que esperan un trato digno y transformador. 

Resulta alarmante que en pleno siglo XXI, en un órgano creado para reivindicar los derechos humanos, se repliquen patrones de exclusión que la constitución y tratados internacionales han condenado. El silencio institucional ante casos como el de Julieth Paulin, el cual transmite un mensaje devastador: que los discursos de igualdad pueden coexistir con prácticas de discriminación normalizadas. No basta con tener reglamentos y comités; se requiere voluntad política, mecanismos eficaces de denuncia y sanción y, sobre todo, una cultura organizacional de respeto. 

Pero todo debe quedarse en la crítica. Este caso abre una oportunidad para repensar la JEP desde adentro. Primero, urge un sistema robusto de protección a denunciantes de discriminación laboral, que garantice confidencialidad y sancione el acoso. Segundo, la JEP debería incorporar de manera obligatoria la formación en enfoque étnico-racial y de género para todos sus funcionarios, no como trámite, sino como práctica viva que transforma relaciones de poder. Y tercero, se requiere una auditoría independiente de los mecanismos internos de control disciplinario, para que las víctimas no dependan de las mismas jerarquías que las violentan. 

La experiencia y caso de Julieth Paulin también interpela al Estado colombiano en su conjunto: no habrá paz total si el racismo y el patriarcado continúan anidando las instituciones. La igualdad no puede ser solo un capítulo de discursos o manuales de convivencia, debe reflejarse en garantías reales para quienes día a día hacen funcionar la justicia. Como sociedad, debemos exigir que los organismos de derechos humanos sean ejemplares en su trabajo interno, porque de lo contrario, su autoridad moral quedará en entredicho. 

La lección es clara: no habrá reconciliación nacional sin justicia interna. Los derechos humanos, la dignidad de la mujer y la lucha contra el racismo no son temas secundarios; son la columna vertebral de la paz sostenible. Julieth Paulin no solo merece reparación, merece ser escuchada y convertirse en símbolo de un cambio cultural dentro de la JEP. Si la justicia transicional quiere honrar su misión, debe empezar por erradicar la discriminación en casa.