Quibdó: la ciudad que pierde a sus hijos

Quibdó: la ciudad que pierde a sus hijos

Quibdó, capital del departamento del Chocó en Colombia, ha sido epicentro de un fenómeno demográfico alarmante, la reducción sostenida de su población debido a homicidios sistemáticos, en su mayoría dirigidos contra jóvenes afrodescendientes. Este artículo examina las implicaciones jurídicas y antropológicas de este fenómeno, con el propósito de visibilizar su carácter estructural y proponer enfoques interseccional para su tratamiento. A través de un enfoque etnográfico y normativo, se expone cómo la violencia estructural se expresa en la territorialidad urbana y en la negligencia estatal, afectando derechos fundamentales como la vida, la educación, la movilidad y la identidad cultural.

Por: Jesús Yilson Arías Marmolejo

La violencia homicida en Quibdó no es un fenómeno nuevo; debido a ello, y de acuerdo a las estadísticas de asesinatos por día, se proyecta que en el período 2025–2035, se alcanzará una dimensión crítica que alterará no solo la seguridad ciudadana, sino también la configuración poblacional y cultural del municipio. En relación a estudios preliminares  y análisis estadísticos de observatorios de derechos humanos, consultoras y fundaciones  como Territorios, Paz y Vida, teniendo en cuenta, además; los registros oficiales, más de  4.000 personas serían asesinadas en este decenio, la mayoría jóvenes entre los 14 y 28  años, lo que generó un vaciamiento poblacional en barrios populares como El Reposo, El  Porvenir, El Bosque, Las Américas, La Margaritas, San Vicente, Jazmín Parte Baja,  Palenque, La Victoria, entre otros. Esta violencia no puede analizarse únicamente desde. Estas cifras, requieren ser interpretadas como una manifestación de violencia estructural, racializada y normalizada en contextos de exclusión histórica.

Desde una perspectiva jurídica, el homicidio sistemático en Quibdó configura múltiples violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), incluyendo el derecho a la vida (artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y el deber del Estado de garantizar protección efectiva. El principio de la debida diligencia obliga a los Estados a prevenir, investigar y sancionar actos de violencia, así como a reparar integralmente a las víctimas. Sin embargo, en Quibdó, la impunidad supera el 90%, lo que evidencia una omisión estructural por parte del Estado colombiano.

Desde un enfoque antropológico, la reducción poblacional por homicidios debe interpretarse como una forma de genocidio por omisión, donde la juventud afrocolombiana es sistemáticamente eliminada o forzada a migrar, lo cual debilita los lazos familiares, la transmisión cultural y los procesos de organización comunitaria.

El cuerpo joven, afrodescendiente y masculino se ha convertido en blanco de múltiples violencias, desde las estructuras armadas ilegales hasta el accionar policial y las narrativas estigmatizantes de los medios de comunicación. La violencia no solo asesina, sino que también expulsa, desarticula, silencia. Esta violencia se inscribe en una larga historia de colonialismo interno, donde las periferias como Quibdó son vistas como zonas de sacrificio, lugares que dan asco, pobladas por habitantes que merecen morir, o al menos que sus muertes duelan menos, ya que son considerados, un estorbo social.

Cuáles han sido las implicaciones y recomendaciones. Este fenómeno exige una mirada multidisciplinar e intersectorial. Reforma estructural del sistema de justicia, con presencia efectiva en los barrios, dotación de fiscales étnicos y unidades móviles de investigación. Políticas Públicas con enfoque interseccional, que articulen juventud, género, etnia y territorio. Sistemas comunitarios de alerta temprana y protección colectiva, liderados por organizaciones locales y comunitarias. Reconocimiento jurídico del exterminio juvenil afrodescendiente como crimen de lesa humanidad, para activar mecanismos de justicia transicional.

En conclusión, la reducción de la población por homicidios en Quibdó durante este período 2025–2035, no sería un accidente ni una suma de tragedias individuales, sería el reflejo de una estructura social y jurídica fallida que habría permitido el exterminio de una generación.  La respuesta debe ir más allá de operativos de seguridad; debe implicar un compromiso ético y político con la vida digna, la memoria, la verdad y la no repetición.