En un anuncio que ha generado preocupación entre
organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, el sistema de
Naciones Unidas informó el cierre de tres de sus oficinas en Colombia, como
parte de una serie de recortes presupuestarios a nivel global. Esta decisión
responde a una reducción significativa en el financiamiento de agencias clave
del organismo multilateral, en medio de una crisis financiera que afecta a
varias de sus misiones en el mundo.
Según el comunicado oficial emitido por la Oficina
de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia, las oficinas que
cesarán operaciones están ubicadas en regiones estratégicas para el monitoreo
de la crisis humanitaria y de derechos humanos: Tumaco (Nariño), Quibdó (Chocó)
y Cúcuta (Norte de Santander). Estas regiones han sido históricamente afectadas
por el conflicto armado, la presencia de grupos armados ilegales, y una grave
situación de desplazamiento forzado.
La ONU lamentó la medida y aseguró que, aunque se reducirá su presencia territorial, se mantendrá el compromiso con el acompañamiento al Estado colombiano y a las comunidades más vulnerables. No obstante, organizaciones locales han expresado su inquietud por el debilitamiento de la protección internacional en zonas donde la población civil sigue siendo blanco de violencia y abandono institucional.
https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/comunicado-de-prensa/
Los recortes financieros obedecen a una disminución
en las contribuciones voluntarias de los Estados miembros, en particular de
países donantes tradicionales que han redirigido sus fondos hacia otras
prioridades globales, como los conflictos en Ucrania, Gaza y Sudán. Esto ha
impactado directamente la capacidad operativa de la ONU en países del Sur
Global, como Colombia, donde su labor ha sido fundamental para la verificación
de derechos y la asistencia humanitaria.
Líderes sociales y defensores de derechos humanos
han advertido que la salida de estas oficinas se da en un contexto de
recrudecimiento del conflicto armado en varias regiones, especialmente en el
Pacífico colombiano y en la frontera con Venezuela. En este escenario, la
ausencia de organismos internacionales puede aumentar el riesgo de impunidad,
así como la invisibilización de las afectaciones a comunidades
afrodescendientes, indígenas y campesinas.
El Gobierno Nacional, a través de la Cancillería,
expresó su preocupación por el cierre de las oficinas y sostuvo que iniciará
diálogos con la ONU para explorar nuevas formas de cooperación que permitan
mantener al menos una presencia estratégica en los territorios más afectados.
Algunas alternativas incluyen alianzas con gobiernos locales y organizaciones
de base, así como una reorientación de los programas existentes.
Con esta decisión, se abre un debate urgente sobre
la sostenibilidad de la cooperación internacional en Colombia y el papel de la
comunidad internacional frente a los desafíos de paz, seguridad y desarrollo.
El cierre de estas oficinas no solo es un síntoma de la crisis financiera
global, sino también una alerta sobre la fragilidad del acompañamiento
internacional en momentos en que el país aún transita por escenarios de
violencia, desigualdad y exclusión estructural.
La oficina de la ONU para los derechos Humanos
tiene su mandato en Colombia hasta el año 2032. Lea aquí su mandato: https://bit.ly/45CgtD1
Informe: redacción tercera RAÍZ
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