Fiscalía solicita condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos

En un hecho sin precedentes en la historia judicial del país, la Fiscalía General de la Nación pidió este martes la condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en tres delitos de soborno a testigos en actuación penal. La solicitud fue presentada ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá con función de conocimiento, que actualmente adelanta el juicio contra el exmandatario.

Durante la audiencia, el fiscal delegado del caso, Gilberto Villarreal, sostuvo que existen pruebas suficientes y contundentes que demuestran la participación activa de Uribe Vélez en una estrategia sistemática para manipular testigos a su favor, con el fin de desvirtuar señalamientos que lo vinculaban con estructuras paramilitares en Antioquia. Según el ente acusador, se habrían ofrecido beneficios económicos y jurídicos a varios testigos a cambio de modificar sus testimonios.

El caso, que ha estado en el centro del debate político y judicial durante más de una década, se remonta a 2012, cuando el entonces senador Iván Cepeda presentó pruebas que vinculaban a Uribe con la conformación de grupos paramilitares. En respuesta, Uribe denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos, pero esa denuncia fue archivada en 2018. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra el expresidente por estos mismos hechos.

La Fiscalía detalló que los delitos imputados son soborno en actuación penal y fraude procesal, por los cuales solicitó una pena privativa de la libertad y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. De ser hallado culpable, Uribe Vélez enfrentaría una condena que podría superar los ocho años de prisión.

La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados, rechazó los señalamientos y calificó la solicitud de la Fiscalía como "persecución política". Además, insistió en que no existen pruebas directas que vinculen a su defendido con las conductas imputadas y anunció que acudirá a todas las instancias judiciales nacionales e internacionales para garantizar los derechos de Uribe.

El juicio, que ha generado un enorme interés en la opinión pública, avanza en medio de un ambiente político polarizado, donde sectores afines al expresidente han denunciado una supuesta instrumentalización de la justicia, mientras que diversas organizaciones de derechos humanos y actores políticos han destacado la importancia de que ningún ciudadano, sin importar su investidura, esté por encima de la ley.

El próximo 10 de julio se reanudará el juicio con la intervención de la defensa, tras lo cual el juez deberá tomar una decisión de fondo en este histórico proceso que podría marcar un antes y un después en la relación entre la política y la justicia en Colombia.

Informe: redacción tercera RAÍZ