¿A quién le conviene el secuestro de Arnold Rincón?

La Gobernación del Chocó intento “democratizar el dolor ajeno” entre toda la ciudadanía chocoana al convocar el pasado 26 de abril a alcaldes y organizaciones sociales. El objetivo fue exigir la liberación inmediata y el respeto a la vida y a los derechos humanos de Arnoldo Rincón “Tarifa” como cariñosamente lo llaman al actual director de Codechoco. Sin embargo, en los corrillos políticos del departamento, la pregunta no es quién lo secuestro, sino por qué, y a quien le convenía hacerlo.

Por: Víctor Manuel García Ayala

Hay quienes sostienen que esto no fue un simple secuestro, ni mucho menos un acto político en el sentido clásico, sino una advertencia entre clanes, un ajuste de cuentas con olor a corrupción y traición. Al interior del Movimiento Liberal Cordobistas crece el rumor de que se busca “limpiar la casa”, uno por uno, empezando por el de los embilletados, señalados de arrastrar al partido a un desprestigio sin fondo. En ese contexto, lo de Rincón podría no ser una tragedia inesperada, sino un capítulo anunciado. “Que los vivos entierren a sus muertos y los presuntos dejen de engañar al duende”, dicen con sorna algunos.

Consultado por Mambrú conocido en broma como el último asesor de Bin Laden sobre los motivos del secuestro, responde sin titubeos: “De todito”. Según su versión, cuando Rincón fue subdirector de Codechocó, aprobó una licencia ambiental a favor de un profesional pereirano condenado por narcotráfico en España. Esta la revendió a la empresa Talasa ProjectCo S.A.S., que más tarde quedó en manos del consorcio chino-portugués Hydroglobal, para construir una hidroeléctrica en el resguardo La Fiera, en El Carmen de Atrato. El negocio se cayó tras un informe de la Contraloría y la enemistad con el entonces director Teófilo Cuesta fue inmediata. Rincón no compartió las ganancias.

A esto se suma una lista de irregularidades: licencias provisionales de minería sin aprobación del Consejo Directivo, entregadas por terceros; proyectos de restauración ambiental en municipios como Río Quito, Iró, Condoto y Atrato que nunca se ejecutaron; y un sistema de cobros por porcentaje de producción minera que habría beneficiado a particulares. Todo esto mientras Rincón presume de haber financiado campañas de la actual gobernadora, de varios alcaldes, concejales y diputados, y jura tener más dinero que los representantes Domingo y Nilton Córdoba. Dice que ya no cobra en efectivo, sino en oro. Que puede comprar lealtades y voltearse candidatos a punta de billete. Que va por la gobernación. Y que a quien se le atraviese, lo borra del mapa o al menos del directorio político.

Pero hay más. Otra versión que circula, y que nadie se atreve a confirmar, apunta a un compromiso no cumplido: el pago de un rescate durante el secuestro del hijo de Silvio Elías Murillo. Rincón habría prometido cubrir la mitad del monto… Pero nunca apareció con la plata.

Con este prontuario de deudas, promesas incumplidas y desplantes de nuevo rico, no extraña que haya despertado el interés de actores armados, ilegales o legales, políticos o delincuenciales. Lo que sí debe preocuparnos profundamente es el impacto de este tipo de hechos sobre las familias, los procesos sociales y las apuestas políticas del Chocó. No se puede justificar nunca el secuestro de ningún ser humano, por más cuestionado que esté. Es una línea que no debe cruzarse.

Y no olvidemos el legado: figuras como Diego Luis Córdoba o Aureliano Perea Aluma, último parlamentario decente del Cordobismo, nos recuerdan que alguna vez hubo ética en la política local. “¿Quién le responde a este departamento, tan rico y generoso, que ni las peores administraciones han podido destruir?”, reclamó el exgobernador Diego Córdoba Zuleta durante la celebración del Día del Trabajo en la UTCH el pasado primero de mayo.

Desde mi posición como defensor de los derechos humanos y las libertades democráticas, levanto mi voz contra esta práctica atroz del secuestro, sin importar la condición social de la víctima. Y lanzo un llamado urgente a la reflexión: que nuestras decisiones en lo público y lo privado no sirvan de pretexto para degradar nuestra condición humana ni para desorientar a las generaciones de chocoanos que vienen detrás.

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