El
expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ha vuelto a generar controversia
tras realizar nuevas declaraciones en las que cuestionó duramente la labor de
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras el reciente hallazgo de restos
humanos en el sitio conocido como La Escombrera en Medellín. Este
descubrimiento, realizado por la Fiscalía General de la Nación, estaría
vinculado a las víctimas de la Operación Orión, un operativo militar ejecutado
en 2002 en los barrios de la Comuna 13 de Medellín, que dejó múltiples víctimas
entre civiles, presuntos miembros de grupos armados ilegales y otras personas.
El
exmandatario, quien fue uno de los principales responsables de la gestión de la
Operación Orión, manifestó su preocupación sobre el enfoque de la JEP en el
caso y su tratamiento de los hechos ocurridos en Medellín, durante su gobierno.
Uribe, quien se ha mostrado crítico con los tribunales creados en el marco del
Acuerdo de Paz con las FARC, expresó que considera que la justicia
transicional, y especialmente la JEP, ha sido excesivamente indulgente con las
organizaciones armadas ilegales y que la verdad sobre los sucesos ocurridos
durante su mandato está siendo tergiversada.
En sus
declaraciones, Uribe destacó que el hallazgo de estos restos humanos es una
tragedia y que es necesario esclarecer los hechos sin caer en la
instrumentalización política del mismo. Sin embargo, dejó claro su desacuerdo
con el enfoque de la JEP en la investigación, argumentando que esta institución
no ha actuado con imparcialidad ni ha tomado en cuenta las acciones delictivas
de los grupos armados ilegales como las guerrillas de las FARC y el ELN, que en
su opinión, también fueron responsables de muchas de las víctimas de la
Operación Orión.
El hallazgo
en La Escombrera: contexto y dudas sobre la responsabilidad
El pasado
mes de diciembre, equipos de la Fiscalía y otras entidades de justicia
comenzaron a realizar excavaciones en La Escombrera, una zona ubicada en
el occidente de Medellín, donde se había señalado previamente que podrían
encontrarse restos de víctimas de la violencia del conflicto armado. El
hallazgo de los restos humanos habría sido posible gracias a la colaboración de
testigos que han denunciado que allí fueron arrojados cuerpos durante la
ejecución de la Operación Orión, considerada una de las intervenciones más
controvertidas del Ejército Nacional durante el gobierno de Uribe.
La
Operación Orión se realizó en octubre de 2002, y aunque fue inicialmente
presentada como una ofensiva contra grupos armados ilegales, incluyendo a las
FARC, el ELN y paramilitares, ha sido objeto de múltiples denuncias por
presuntas violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones
extrajudiciales y desapariciones forzadas. La intervención en la Comuna 13 de
Medellín dejó una huella profunda en la población civil, y aún hoy, las
víctimas luchan por conocer la verdad detrás de los abusos ocurridos.
La JEP y la
controversia sobre su funcionamiento
El
cuestionamiento de Uribe a la JEP se enmarca dentro de una disputa más amplia
sobre la justicia transicional en Colombia. Uribe ha sido un firme opositor al
Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, y ha
expresado su desacuerdo con las condiciones de la justicia especial. En esta
ocasión, considera que la JEP debería enfocarse en esclarecer la participación
de todos los actores del conflicto, incluidos los actores estatales y los
grupos armados ilegales, sin dar un tratamiento preferencial a las FARC.
La JEP, por
su parte, ha defendido su trabajo y reiterado su compromiso con el
esclarecimiento de la verdad y la justicia, sin distinción de actores. La Corte
Constitucional de Colombia, que ha respaldado en diversas ocasiones la
legitimidad de la jurisdicción especial, también ha señalado que la misión de
la JEP es garantizar los derechos de las víctimas y promover la reparación.
¿Un nuevo
capítulo en la polémica sobre la justicia transicional?
El debate
sobre la JEP y la Operación Orión no solo reaviva las tensiones políticas entre
el expresidente Uribe y el actual gobierno, sino que también pone en evidencia
las profundas divisiones sobre cómo debe abordarse el legado de la violencia en
Colombia. Mientras algunos sectores de la sociedad y las víctimas claman por
justicia plena, otros insisten en que los procesos de paz y justicia deben ser
equilibrados y no deben olvidar los abusos cometidos por todos los actores
involucrados, incluido el Estado.
Con el
hallazgo de nuevos restos en La Escombrera, el caso vuelve a poner de
manifiesto la necesidad urgente de esclarecer lo sucedido en Medellín y otras
regiones del país durante los años más cruentos del conflicto armado, pero
también reabre la discusión sobre el rol de la JEP en la construcción de la
memoria histórica y la búsqueda de justicia.
Informe: Equipo de redacción
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