¿Quién manda en una catástrofe?

¿Quién manda en una catástrofe?

Un desastre no comienza únicamente cuando la tierra tiembla, ni mucho menos cuando se retiran los últimos escombros. Un desastre también se revela en las decisiones que se toman y, sobre todo, en aquellas que se dejan de tomar cuando la emergencia pone a prueba la capacidad de una sociedad para proteger la vida.

Por: Jefferson Montaño Palacio 

Allí, aparecen las verdaderas dimensiones de la tragedia: quién tiene la autoridad para decidir, qué conocimiento es escuchado, cómo se coordinan las corporaciones, qué papel cumple la comunidad y qué tan preparados estamos para recibir ayuda internacional cuando nuestras propias capacidades resultan insuficientes. 

La llegada a Cali de los Topos Aztecas, una brigada creada en México, en coordinación con otros países, con décadas de experiencia en emergencias, expuso una paradoja que debería preocuparnos mucho más allá de esta tragedia. El grupo llegó a la ciudad el 12 de agosto, después de haber trabajado durante semanas en Venezuela, para sumarse a las labores de búsqueda de sobrevivientes. Fueron recibidos por el diputado del Valle del Cauca Esteban Oliveros gracias a la gestión realizada por el senador Duvalier Sánchez, y comenzaron a intervenir en zonas afectadas, entre ellas el sector de Cuarto de Legua (Plaza de Toros), punto base permanente de los Topos.

Pero casi al mismo tiempo surgieron las preguntas incómodas. Héctor Méndez, conocido como el “Topo Mayor”, denunció dificultades para desarrollar plenamente su trabajo y pidió que los dejaran actuar. Según sus declaraciones, encontraron obstáculos administrativos y operativos en algunos puntos de la emergencia. Una de las situaciones señaladas estuvo relacionada con exigencias de acreditación y seguros para integrantes de una brigada que opera bajo un modelo voluntario. 

Aquí comienza el verdadero debate. No se trata de convertir a los Topos Aztecas en héroes infalibles ni de asumir que todo grupo extranjero que llega a una emergencia debe tener vía libre para entrar a una estructura colapsada. Sería irresponsable. Una edificación inestable puede convertirse en una segunda tragedia si ingresan personas sin coordinación, sin evaluación estructural o sin protocolos de seguridad. El problema, por tanto, no es la existencia de una cadena de mando. El problema es cuando la cadena de mando termina convirtiéndose en una barrera sobre el conocimiento que puede salvar vidas.  

Por eso resulta legítimo preguntar: ¿Qué ocurrió cuando la experiencia técnica de los rescatistas se encontró con las jerarquías institucionales? ¿Quién no autorizó? ¿Quién se negó? ¿Qué protocolos se aplicaron? ¿Qué información recibió el PMU? ¿Qué criterios determinan en dónde podían intervenir los topos y en donde no?

Las preguntas adquieren mayor importancia porque la emergencia no era un escenario cualquiera. Reportes periodísticos documentaron que los rescatistas llegaron cuando todavía existía la posibilidad de encontrar personas con vida y que utilizaron drones, sensores y otras herramientas para localizar posibles sobrevivientes. En Cuarto de Legua, además, se concentraban operaciones sobre estructuras severamente afectadas. En una carrera contra el tiempo, cada hora de coordinación puede ser tan importante como cada herramienta de rescate. 

Entonces, ¿por qué en una emergencia seguimos teniendo la sensación de que cada actor corre por su lado?

Porque quizás hemos confundido gestión del riesgo con administración de la emergencia. Gestionar el riesgo significa prepararse antes de que ocurra el desastre. Administrar la emergencia significa reaccionar cuando ya ocurrió. Son cosas diferentes. La primera exige mapas, simulacros, protocolos, inventarios de capacidades, entrenamiento, comunicaciones, rutas de evacuación y acuerdos de cooperación previamente establecidos. La segunda exige decisiones rápidas. Cuando la primera falla, la segunda queda condenada a improvisar.   

Santiago de Cali, debería preguntarse si tenía un protocolo previamente conocido para recibir grupos internacionales de búsqueda y rescate. No después de que llegaran los topos, sino antes. ¿Existía un mecanismo de acreditación rápida? ¿Una lista de capacidades técnicas? ¿Un procedimiento para determinar dónde podían intervenir? ¿Un enlace permanente entre los equipos extranjeros y el PMU? ¿Un sistema para evitar que dos grupos hicieran el mismo trabajo mientras otra zona permanecía sin atención? 

Estas no son preguntas menores. Son precisamente las preguntas que separan una ciudad preparada de una ciudad que improvisa.

También la comunidad debe tener su reconocimiento. Durante la emergencia, ciudadanos comunes comenzaron a llevar alimentos, agua, herramientas y manos para remover escombros. La solidaridad apareció antes que muchas respuestas institucionales. Esto significa que toda persona no debe ingresar a una estructura colapsada. Esto significa algo mucho más profundo que la comunidad también posee capacidades de reacción y apoyo. 

Esta tragedia también puso en evidencia que la vulnerabilidad no se encuentra solo en los edificios. Está en las instituciones, en las comunicaciones, en las infraestructuras críticas y en los protocolos. La sede de Medicina Legal en Cali, por ejemplo, quedó fuera de servicio y su plan alternativo en el Hospital Universitario del Valle también resultó afectado, obligando a trasladar operaciones hacia el municipio de Palmira y Tuluá. Ese episodio demuestra que la gestión del riesgo debe pensar en cascadas: ¿Qué ocurre si falla el hospital? ¿Qué ocurre si falla la morgue? ¿Qué ocurre si el aeropuerto queda inutilizado? ¿Qué ocurre si las comunicaciones colapsan? ¿Qué ocurre si el propio organismo de responder resulta afectado? 

Un terremoto no destruye solamente paredes. Puede destruir las certezas con las que habíamos construido nuestros protocolos. ¿Qué aprendió Cali? La tragedia no puede convertirse solamente en memoria, tiene que convertirse en política pública. 

Finalmente, después de retirar el último escombro, Cali deberá convocar una auditoría pública e independiente de la respuesta al terremoto. Allí deberían participar organismos de socorro, universidades, ingenieros estructurales, comunidades afectadas, voluntarios, organizaciones sociales, expertos internacionales y representantes de las instituciones responsables. Y los Topos Aztecas de México deberían ser escuchados. No para darles la razón automáticamente, sino para conocer que encontraron, qué obstáculos enfrentaron y qué recomendaciones pueden aportar desde su experiencia internacional.   

Una gestión del riesgo no puede funcionar bajo la lógica de “aquí mando yo”. Tiene que funcionar bajo la lógica de ¡AQUÍ COORDINAMOS TODOS!.