¡La nuda propiedad de la Nación!

¡La nuda propiedad de la Nación!

La historia económica latinoamericana enseña que las privatizaciones nunca son simples operaciones contables. Constituyen decisiones profundamente políticas que redefinen quién controla la riqueza, quién administra los bienes públicos y quién termina pagando el costo de las reformas. 

Por: Jefferson Montaño Palacio

Colombia se aproxima a un nuevo ciclo político bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, cuya agenda económica ha planteado una reducción significativa del tamaño del Estado, la eliminación de entidades públicas, la desregulación económica y una mayor participación del sector privado en actividades estratégicas. Aunque el alcance definitivo de estas medidas dependerá de las decisiones que adopte el nuevo gobierno y del control institucional, el debate sobre una eventual ola de privatizaciones ya ocupa un lugar central en la discusión nacional. 

La preocupación no reside únicamente en vender empresas estatales. El verdadero interrogante está en saber si Colombia podría entrar en una etapa donde el Estado conserve únicamente la responsabilidad política mientras transfiere progresivamente el control económico de sus activos estratégicos. ¡Esa lógica recuerda la figura jurídica de la ¡nuda propiedad! —Conservar el título formal mientras otro disfruta del uso, los beneficios y la rentabilidad del patrimonio— Aplicada como metáfora política, significa un Estado propietario de papel y un mercado propietario de hecho. 

El economista colombiano Antonio Garcia Nossa advirtió que la independencia política pierde contenido cuando una nación renuncia al control de su estructura económica. Décadas después, Eduardo Sarmiento ha insistido en que el desarrollo nacional exige fortalecer las capacidades productivas del Estado y evitar que el mercado sustituya completamente la planificación pública. En una línea semejante, José Antonio Ocampo ha defendido históricamente la necesidad de construir un equilibrio entre iniciativa privada, estabilidad fiscal y protección de los bienes públicos como condición indispensable para reducir las desigualdades.

Las privatizaciones no son, por definición, buenas ni malas. Existen empresas públicas ineficientes y empresas privadas altamente eficientes. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que cuando las privatizaciones obedecen exclusivamente a necesidades fiscales o a una visión ideológica de reducción del Estado, los resultados suelen traducirse en mayor concentración económica, pérdida de capacidad regulatoria y debilitamiento del interés general. No basta con preguntarse cuánto perderá el país durante las próximas generaciones al renunciar al control de sectores estratégicos.  

Ahora resulta particularmente sensible el debate sobre infraestructura, recursos naturales, energías limpias, puertos, servicios públicos y patrimonio territorial. Colombia no puede convertirse en una nación que administre únicamente impuestos mientras otros administran su riqueza. La soberanía económica no depende solamente de las fronteras, sino también del control efectivo sobre los activos que garantizan el bienestar colectivo. 

La propuesta gubernamental de reducir significativamente el tamaño del Estado y simplificar regulaciones, según sus promotores, estimularía la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo. Sus defensores sostienen que la “patria milagro”, es lograr sostener un aparato estatal más pequeño siendo este más eficiente y menos costoso para los contribuyentes. Sus críticos, en cambio, sostienen que una reducción acelerada del Estado podría limitar su capacidad para garantizar derechos, regular mercados y proteger sectores estratégicos. Ese es precisamente el debate democrático que Colombia deberá afrontar durante los próximos años. 

El maestro Orlando Fals Borda dejó escrito y hoy, preciso, que el desarrollo debe construirse desde las necesidades reales de la sociedad y no únicamente desde los indicadores macroeconómicos. Un país no prospera simplemente porque venda su patrimonio; prospera cuando convierte ese patrimonio en bienestar colectivo, innovación, conocimiento y oportunidades para todos. 

La Colombia que comienza el próximo 7 de agosto enfrentará una decisión histórica: consolidar un modelo donde el mercado sea un aliado del Estado o permitir que el Estado termine reducido a la condición de administrador residual de un patrimonio cuya rentabilidad pertenezca cada vez menos a los colombianos. Ese será, probablemente, el verdadero debate de este nuevo ciclo político: no solamente quién gobierna, sino quién termina siendo el verdadero propietario de la riqueza de nuestro Estado-nación.