¿Quién decide quién está “educado” en Colombia?

¿Quién decide quién está “educado” en Colombia?

Colombia atraviesa un momento decisivo. No está en juego únicamente la disputa por cargos o elecciones, sino el sentido mismo de lo que entendemos por dignidad, justicia y democracia.

Por: Carlos Augusto Ángulo Góngora  

En los últimos días, sectores tradicionales han intentado deslegitimar a nuevas voces que emergen desde los territorios. Lo hacen a través de un argumento que aparenta ser técnico, pero que en el fondo es profundamente político: cuestionan la “falta de educación” de quienes hoy representan a comunidades históricamente excluidas.

Cabe entonces una pregunta fundamental: ¿qué significa realmente estar educado en Colombia? Durante décadas, el acceso a la educación formal ha estado concentrado en las élites. No se trata únicamente de asistir a una universidad, sino de formarse dentro de una visión del mundo que, en muchos casos, ha justificado la desigualdad, normalizado la exclusión y evitado cuestionar las raíces profundas de nuestras injusticias.

Mientras tanto, millones de colombianas y colombianos —pertenecientes a comunidades negras, campesinas e indígenas—, han sido sistemáticamente excluidos de ese sistema. No por falta de capacidad, sino como resultado de un modelo que nunca fue concebido para incluirlos.

Y aun así, esos mismos sectores han producido conocimiento. Han construido formas propias de entender el país desde la experiencia, la resistencia y la organización colectiva. Han aprendido en las asambleas comunitarias, en la defensa del territorio, en la lucha cotidiana por la vida.

Eso también es educación. Una educación que enseña a reconocer la injusticia, a nombrarla y a enfrentarla. Una educación que no se mide en títulos, sino en conciencia: en la capacidad de comprender por qué un país tan rico puede ser, al mismo tiempo, tan profundamente desigual.

Por ello, resulta inaceptable que hoy se pretenda descalificar a liderazgos sociales por no haber transitado los mismos espacios que históricamente les fueron negados.

No es falta de educación. Es una educación distinta. Una educación que no reproduce privilegios, sino que los cuestiona; que no se acomoda al poder, sino que lo interpela; que no olvida la historia, sino que la enfrenta con dignidad.

Hoy Colombia tiene la oportunidad de reconocer ese saber. De comprender que el liderazgo no nace exclusivamente en las aulas, sino también en los territorios, en las comunidades, en la lucha diaria por sobrevivir y transformar la realidad.

No se trata de reemplazar una élite por otra. Se trata de abrir el país. De permitir que quienes han sido históricamente excluidos participen plenamente en la construcción del futuro.

Esto, sin duda, genera incomodidad. Obliga a cuestionar privilegios y a aceptar que la voz del país es mucho más diversa de lo que durante años se nos hizo creer.

Pero esa incomodidad es necesaria. Porque no hay democracia real sin inclusión, no hay justicia sin reconocimiento y no hay futuro si seguimos ignorando a quienes han sostenido este país desde abajo.

Hoy, más que nunca, Colombia necesita escuchar esas voces. No para concederles un espacio simbólico, sino para construir, junto a ellas, un país distinto. Un país donde la educación deje de ser un filtro de exclusión y se convierta en una herramienta de liberación. Un país donde la dignidad no dependa del origen, sino que sea un derecho efectivo para todos y todas.

Ese es el desafío de nuestro tiempo. Y también, nuestra responsabilidad.