Cali y el Valle: sin gobierno
Hay ciudades que duelen, hay ciudades que sangran. Cali hoy no solo sangra, se desangra de silencio, mientras quienes gobiernan parecen administrar la herida en lugar de cerrarla.
Por estos días, hablar de seguridad en Cali ya no es un asunto de percepción, sino de evidencia. La ciudad y, en general, el Valle del Cauca atraviesan una crisis estructural que no puede seguir siendo explicada con diagnósticos repetidos ni con respuestas fragmentadas en radio y televisión.
Por: Jefferson Montaño Palacio
Las balas ya no sorprenden, los asesinatos ya no indignan lo suficiente, la muerte se volvió paisaje. Y ese es, quizás, el mayor fracaso del poder: haber normalizado el horror. No se trata de cifras aunque son brutales. Se trata de vidas cotidianas convertidas en un campo de incertidumbre. De jóvenes que no llegan a casa, de barrios donde la noche dejó de ser descanso y se convirtió en amenaza. De madres y padres quienes entierran a sus hijos mientras el gobierno regional y local redactan comunicados prensa responsabilizando al Gobierno Nacional.
Otro dato inquietante: en 2025, más de 420 víctimas de homicidios en Cali tenían entre 18 y 28 años. Estos datos no es casualidad.
Como lo ha venido señalando abiertamente el senador Alexander López Maya, aquí no estamos frente a hechos ni a simples “problemas de orden público”: estamos frente a una crisis profunda de gobernabilidad, donde la institucionalidad parece ir siempre un paso atrás de la violencia.
Las cifras no mienten según datos del Concejo Distrital de Santiago de Cali. En lo corrido de 2026, Cali ya supera los 300 homicidios, manteniendo una tendencia creciente respecto a 2024 y 2025. Solo entre enero y marzo se registraron 267 asesinatos, un aumento del 5% frente al año anterior. En 2025, la ciudad cerró con más de 1.060 homicidios, consolidándose nuevamente entre las más violentas del mundo.
Y mientra las cifras suben, la narrativa institucional insiste en mostrar “contención” o “operatividad”. Pero, como señala Michel Foucault, el problema del poder no es lo que dice, sino lo que oculta: el desfase entre discurso y realidad.
El alcalde Alejandro Eder habla de controles, de restricciones, de operativos. La gobernadora Dilian Francisca Toro insiste en recompensas y presencia militar. Pero la ciudad sabe —porque lo vive— que eso no solo basta. Porque la seguridad no se decreta. Se construye, y sobre todo, se siente.
Aquí en la región no hay solo delincuencia, hay territorios capturados por economías ilegales que dictan normas. Hay jóvenes que encuentran en la violencia la única forma de existir. Como diría Loic Wacquant, Cali es hoy un mapa de exclusiones, un archipiélago de abandonos donde el Estado llega tarde… o nunca llega. Y cuando el Estado no llega, otros llegan con armas, con miedo, con control.
Lo que ocurre en Cali y en el Valle del Cauca no es una crisis pasajera. Es el síntoma de algo más profundo: un modelo de ciudad fracturado, donde la desigualdad no solo separa, sino que mata. Foucault lo habría dicho sin rodeos; el poder no se mide por lo que promete, sino por lo que efectivamente controla. Y hoy, la pregunta es incómoda pero inevitable: ¿Quién controla realmente los territorios en Cali? Porque mientras en el discurso institucional se habla de “estrategias”, en las calles se escucha otra cosa: abandono, miedo, rabia.
La gobernadora ha recibido casi $200 mil millones, de sobretasa para la Seguridad en el Valle del Cauca, y esos dineros no se saben dónde han ido a parar. Por otra parte, el Alcalde de Cali Alejandro Eder en su gobierno tendría que haber presentado un Plan Maestro de Seguridad para Cali. Hasta la fecha no se conoce proyecto alguno.
Y en medio de ese ruido, el liderazgo político parece diluirse en anuncios que no transforman la realidad. Gobernar no es reaccionar, gobernar es anticiparse. Es comprender que la violencia no se combate solo con fuerza, sino con justicia social. Aquí es donde la crítica se vuelve urgente.
Finalmente, porque ni el alcalde Alejandro Eder ni la gobernadora Dilian Francisca Toro puede seguir actuando como si esta crisis fuera una coyuntura más. No lo es, es una ruptura, una fractura del pacto social. ¿Es ese el camino que estamos recorriendo? Cali no necesita más discursos. Necesita decisiones. Decisiones que incomoden que transformen y ataque las raíces de la violencia y no solo sus consecuencias.
Porque seguir administrando la crisis es, en el fondo, una forma de rendirse ante ella. Y la ciudad —está ciudad herida, vibrante, digna—, no puede darse el lujo de ser gobernada por la resignación.
Un momento límite donde el Gobierno Nacional debe decidir sí recupera el control o lo pierde definitivamente; en ese sentido, mi recomendación se hace más que sensata es avanzar junto al compañero Iván Cepeda Castro en primera vuelta a la presidencia en las elecciones del próximo 31 de mayo de 2026.
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