Cali: entre la sed histórica y la deuda hídrica de EMCALI

Cali: entre la sed histórica y la deuda hídrica de EMCALI 

En Cali, hablar del agua potable es tocar una herida abierta que, aunque histórica, sigue sangrando con crudeza. El reciente desabastecimiento denunciado por habitantes de Siloé y sectores de las comunas 18 y 20 con protestas el pasado 25 de septiembre en la Calle 5 (Unidad Deportiva). No es un hecho aislado, sino la repetición de un patrón de conducta en la gestión del recurso hídrico que lleva décadas acompañando a la ciudad. En el corazón de la inconformidad hay una paradoja: una urbe rodeada de ríos que, sin embargo, padece sed. 

Por: Jefferson Montaño Palacio

El río Meléndez, cuarto en importancia después del río Cali, Pance y Cauca, atraviesa una crisis de sequía prolongada que compromete el abastecimiento de la Planta de Tratamiento La Reforma. Esta estación, junto a Puerto Mallarino, Río Cauca, Río Cali y La Rivera, sostiene el derecho al agua de más de 2.3 millones de habitantes. Sin embargo, la reducción del agua en caudales y la falta de políticas estructurales para proteger las cuencas ponen en evidencia un problema continúo; los habitantes de estos sectores reciben un servicio inestable y de mala calidad mientras que los ríos sufren por falta de atención de las instituciones locales.  

El economista y sociólogo Enrique Leff (2004), ha señalado que “la crisis del agua es, en el fondo, una crisis de civilización”, en tanto no es solo técnica o climática, sino política, cultural y ética. En Cali, esta crisis se manifiesta en la ausencia de una planeación integral del recurso hídrico. No es casual que la ciudadanía denuncie cortes de más de dos meses o cinco días continuos sin la prestación del servicio de agua potable; detrás de esto está la falta de inversión, el rezago en la infraestructura y la incapacidad de EMCALI para garantizar un servicio digno.  

Esta situación tampoco puede desligarse de la justicia social. Como nos recuerda el maestro Boaventura de Sousa Santos (2009), el acceso al agua es un derecho fundamental y su negación refleja la desigualdad estructural de nuestras ciudades. No sorprende que sean los barrios populares de ladera, como Siloé, quienes carguen con las mayores carencias. La falta de agua potable no es solo un problema de gestión empresarial, sino un acto de exclusión sistemática que perpetúa la marginalidad.  

Es verdad que el cambio climático y la variable de los ríos plantean desafíos innegables, pero la responsabilidad de EMCALI y de los gobiernos locales no se puede diluir en factores externos. La desforestación de las cuencas, la contaminación del río Cauca y la expansión urbana desordenada son fenómenos que la institucionalidad permitió avanzar sin medidas correctivas de fondo. Como advierte la Premio Nobel en economía Elinor Ostrom (2009), los bienes comunes   —como el agua— requieren gobernanza colaborativa y sostenida; lo contrario es el colapso.  

Frente a esta realidad, no basta con protestas coyunturales o promesas de mejora temporal. Cali necesita una política pública hídrica robusta y participativa que integre la protección de cuencas, la inversión en infraestructura responsable y un control social real sobre las Empresas Públicas Municipales de Cali, EMCALI. La democratización de las decisiones en torno al agua, con la participación activa de la comunidad, es indispensable para lograr construir confianza y soluciones sostenibles.

Por último, diré que el agua en Cali no puede seguir siendo un privilegio intermitente ni un detonante de conflictos barriales. Es hora de que la ciudad entienda que el agua no solo fluye desde sus ríos hacia los grifos, sino que es el pulso vital de la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la gobernanza democrática. Lo contrario será seguir condenando a los caleños, especialmente a los más vulnerables, a una sed histórica que clama por respuestas de fondo. 

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