No, nos podemos Ignorar

En Colombia, como en la mayoría del mundo, el 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, fecha clave que reivindica la lucha obrero-popular y los derechos conquistados a través de sacrificios y pérdidas humanas. Estas conquistas no han dejado de ser un sinnúmero de luchas permanentes. Sin embargo, EE.UU., el país que fue el epicentro de los mártires de Chicago en 1886, y Canadá, esta fecha como su conmemoración fue deliberadamente desplazada al mes de septiembre. No es un olvido casual, sino una decisión profundamente política.  

Por: Jefferson Montaño Palacio

La historia nos muestra que el primero de mayo nació como un acto de resistencia obrera popular contra la explotación laboral y jornadas interminables. Representa el espíritu de protestas, de críticas radical al orden económico establecido. Para los líderes yanquis a finales del siglo XIX, ver las calles inundadas de trabajadores reclamando sus derechos era una amenaza real a la estabilidad del sistema capitalista. Por eso, en un movimiento tan calculado como cínico, previeron el “Labor Day”, es decir, el Día del Trabajo en septiembre; una celebración parcializada, lejos de cualquier recuerdo incómodo de huelgas o protestas, represión y reivindicación.

En nuestro país suele vivirse entre marchas, arengas y fiestas. No obstante, se genera una tensión con el Estado, es imposible no ver el paralelismo: aquí también se intenta neutralizar la memoria histórica de los movimientos sociales, despolitizando las luchas y criminalizando la protesta social. En ambos contextos, el poder le teme a la memoria activa, esa que no solo recuerda, sino que también inspira e invita a resistir.

El silenciamiento simbólico que EE.UU., impulsó tiene consecuencias globales. Mucho del modelo de “celebración laboral” que maquilla la historia real se ha exportado y normalizado. Pero nosotros no podemos permitirnos olvidar. El 1 de mayo no es una fiesta laboral; es una jornada de memoria y de lucha. Es un recordatorio incómodo de que los derechos laborales no fueron concesiones gracias a los gobiernos, sino conquistas populares que aún hoy deben defenderse.

Colombia atraviesa hoy una transición y fenómeno político, siendo la consulta popular una de las herramientas más nobles de la democracia participativa. De hecho, en los últimos años hemos visto cómo su espíritu ha sido diluido entre la desconfianza, la manipulación política y la falta de garantías reales para su cumplimiento. ¿Qué sentido tiene invitar a decidir a los ciudadanos si sus decisiones terminan en los almanaques del olvido institucional? ¿Cómo podemos sanar nuestras heridas colectivas si no salimos a movilizarnos y alzar la voz de forma consciente? ¿Qué significado tiene obedecer el mandato popular en el contexto de sanar a Colombia? ¿Estamos listos para salir a las calles y caminar junto a la ciudadanía en busca de justicia social y dignidad?  

Las consultas populares han sido convocadas en principio como un mecanismo legítimo para que las nuevas ciudadanías puedan opinar sobre asuntos de especial relevancia; la explotación minera, proyectos de infraestructura, el uso o derecho al territorio. Sin embargo, la experiencia nos ha mostrado que, en muchos casos, la voluntad expresada en las urnas es ignorada o vulnerada por intereses económicos más poderosos que las voces de las nuevas ciudadanías. Cuando esto ocurre, la democracia pierde su esencia y se convierte en una formalidad vacía, es decir, un simulacro de participación.   

Más grave es que el ciudadano común, testigo de la indiferencia estatal, se desaliente y pierda la fe en los procesos democráticos. Cada consulta que no se respeta hiere profundamente la relación entre el Estado y sus habitantes, alimentando el cinismo político que corroe nuestras bases sociales.

No podemos continuar permitiendo que la consulta popular sea tratada como un simple trámite decorativo. Si realmente queremos construir una democracia sólida y confiable, debemos transformar este mecanismo en un verdadero contrato vinculante, dotarlo de dientes jurídicos claros y sanciones efectivas para quienes desatiendan su resultado.

Propongo que el país abra una discusión seria y urgente sobre el rediseño de las consultas populares. Que se establezcan mecanismos de seguimiento ciudadano, instancias de verificación de cumplimiento y presupuestos garantizados para hacer efectivas las decisiones tomadas en las urnas. Asimismo, que se impulse un laboratorio de educación política que dignifique la participación ciudadana, en vez de verla como una amenaza o un obstáculo para los grandes proyectos de inversión y derechos de bienestar.

Finalmente, la consulta popular no puede ser vista como un acto o hecho de rebeldía irracional, sino como una expresión de inteligencia colectiva, defensa legítima del territorio, de apuestas por modelos de desarrollo que respeten la vida y los derechos de las comunidades, pueblos, campesinos y nuevas ciudadanías.   

Que no nos dé miedo consultar y, mucho menos, obedecer el mandato popular. Si queremos sanar nuestras heridas, empecemos por escuchar y salir a movilizarnos alzando las voces del pueblo colombiano este 1 de mayo y decirle SÍ a la consulta popular SÍ a la construcción de un Estado-nación digno y humano.

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