El terremoto «milagro»; De La Espriella style
«Trabajo
sin descanso, día y noche, porque un presidente del pueblo debe estar con su
pueblo en las horas más oscuras. Las cosas de Dios, queridos compatriotas, solo
Dios las sabe. Él decidió ponernos en esta prueba tan dura y, en su sabiduría,
lo hizo justamente el día en que comenzó mi mandato». 17 de agosto de 2026, alocución
presidencial de Abelardo De La Espriella (ADLE).
Por:
Víctor Manuel García Ayala
En todas las disciplinas del
conocimiento, la comunidad científica ha concluido que un terremoto es una
sacudida repentina y violenta de la Tierra, causada por la liberación de
energía acumulada en el interior del planeta; ocurre cuando las rocas de la
corteza se rompen y fracturan bruscamente a lo largo de una falla. Un milagro,
por su parte, es un suceso extraordinario y maravilloso que no se puede
explicar mediante las leyes de la naturaleza y que se atribuye a una
intervención divina; en el uso cotidiano, se entiende como un hecho fortuito o
de extrema buena suerte.
Sinceramente, no sé si Dios conoce las
horas más oscuras de ADLE, ni cuándo o dónde las comparte con el pueblo
colombiano. Lo que sí sé es que el 7 de agosto fue el inicio de su mandato
presidencial y que el terremoto ocurrió tres días después, el 10 de agosto. Ese
día y a esa hora, el mandatario se encontraba en la Feria de las Flores posando
para las cámaras junto al gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín.
Pasemos de los relatos a la realidad que
dictan los datos: cómo está atendiendo la tragedia el Gobierno de ADLE y qué se
ha hecho realmente para resolverla.
El 10 de agosto de 2026, a las 7:34 a.
m., los colombianos fuimos sorprendidos por un sismo de magnitud 7,4 y 103
kilómetros de profundidad, con epicentro en el municipio de San José del
Palmar, Chocó. El Servicio Geológico Colombiano confirmó estas variables y
señaló que se trató del evento telúrico de mayor magnitud registrado en el país
en lo que va del siglo XXI.
El despliegue de 20 equipos
especializados de búsqueda y rescate hacia los puntos críticos no se dio de
forma oportuna durante las primeras horas, cuando cada minuto era vital para
salvar vidas. A esto se sumó la confusión interinstitucional en la cadena de
mando y coordinación. En contraste, merece el mayor reconocimiento la labor de
jóvenes, mujeres, familiares y voluntarios que, con solidaridad, valentía y
dignidad, rescataron a las primeras víctimas de entre los escombros.
Resulta igualmente cuestionable la
decisión política de prescindir del empalme gubernamental y haberle pedido la
renuncia al director encargado de la UNGRD, Javier Pava. Su permanencia
temporal habría garantizado la continuidad operativa y una respuesta eficaz
mientras la nueva administración asumía el control.
A esto se añade la negativa a recibir la
ayuda internacional ofrecida de inmediato por los gobiernos de Chile, México y
China, países que disponían de equipos especializados para la remoción de
estructuras livianas de colapso —precisamente las que requerían atención
urgente para rescatar sobrevivientes—. El ministro de Relaciones Exteriores,
Omar Bula E., justificó esta decisión argumentando que solo se aceptaría
asistencia de países aliados al Gobierno, como Israel, Estados Unidos, El
Salvador y Perú.
Mediante el Decreto 1261 del 19 de
agosto de 2026, el Presidente declaró el Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica. Bajo este marco, se calcula que el costo de la reconstrucción
ascenderá a 30 billones de pesos. El 30 de septiembre se presentará el
diagnóstico consolidado de viviendas, censo de damnificados y clasificación de
daños para determinar cuáles inmuebles son recuperables y cuáles requerirán
reconstrucción total.
Según el balance presentado el 21 de
agosto desde la sala de crisis del Puesto de Mando Unificado (PMU) por un
presidente ADLE un poco más aterrizado, el saldo oficial de la tragedia
registra 329 personas fallecidas, 354 rescatadas con vida, 247 desaparecidas y
4.595 heridas.
En términos de infraestructura, se
reportaron 26.945 unidades habitacionales con colapso estructural, 127.557
viviendas con daños parciales y 66 edificios afectados. La devastación se
concentró principalmente en Quibdó, Pereira, Cali y Manizales, impactando a un
total de 481 municipios. Asimismo, sufrieron averías 367 centros de salud,
3.710 instituciones educativas, 5.584 centros comunitarios y 427 vías del país.
Ningún gobierno puede predecir un
terremoto. Sin embargo, la prioridad actual debe ser la atención a las víctimas
y no el aprovechamiento de la tragedia para impulsar una agenda política. La
sola presencia del presidente en las zonas afectadas no equivale a una gestión
eficiente. Mientras la emergencia transcurría, el mandatario anunció el
reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y dedicó
tiempo a coordinar con el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, la
integración de Colombia a la coalición militar «Escudo de las Américas».
La pregunta de fondo no es únicamente
cómo se respondió en los primeros días, sino cómo se administrarán los recursos
de la reconstrucción, quiénes ejecutarán los contratos, qué mecanismos evitarán
la corrupción y qué nivel de participación tendrán las comunidades afectadas.
Sacada de la manga, la administración
presenta como supuesta solución técnica el modelo del FOREC para la
reconstrucción habitacional. Con esto crea una instancia paralela a las
entidades territoriales, al margen de las comunidades y sin contar con una
actualización del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
Concluyo
con dos reflexiones y un hecho financiero:
«Si Petro
hubiera atendido esa emergencia, todo habría sido mejor, mucho más efectivo y
mucho más rápido».
— Francisco
Maturana García
«Una
emergencia de esta magnitud no se supera si no se busca un impacto estructural
que mejore la calidad de vida de la gente. No podemos resignarnos a reconstruir
las casas en el mismo estado precario en que estaban, ni a mantener una
infraestructura educativa obsoleta sin herramientas digitales, o una red
pública de salud deficiente. Tampoco a que el aislamiento vial del Chocó
continúe igual. Esta es la oportunidad para realizar una inversión diferencial
y asertiva que repare el olvido histórico que ha sufrido el departamento debido
a las decisiones centralistas».
— Nubia
Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó.
Por último, el proyecto del Plan
Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno al Congreso incrementó el
presupuesto en $59,3 billones de pesos respecto al dejado por la administración
anterior. No obstante, no se asignó un solo peso directo para la atención de la
emergencia: esta se financiará mediante créditos con la banca nacional e
internacional, donaciones privadas y más impuestos a través de una reforma
tributaria.
Los fondos serán administrados por el
«Fondo Milagro» mediante una fiducia pública, mientras que las donaciones se
canalizarán a través de la «Fundación Colombia Luz y Sonrisas», representada
legalmente por la primera dama, Ana Lucía Pineda, e instituida el 7 de julio de
2026. Esta estructura ya ha desatado fuertes reclamos de la ciudadanía, que
exige auditorías rigurosas y total transparencia sobre el manejo de los recursos.
Así opera la «batalla cultural» al
estilo ADLE: si no la entiendes, el ESMAD te la explicará.
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