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Duvalier Sánchez denuncia presunta red de bodegas digitales atribuidas al entorno de Dilian Francisca Toro y su asesor Carlos Suárez


Duvalier Sánchez denuncia presunta red de bodegas digitales atribuidas al entorno de Dilian Francisca Toro y su asesor Carlos Suárez
Foto: Perfil Personal | El senador Duvalier Sánchez, denuncia red de cuentas falsas en el Valle del Cauca.            

Duvalier Sánchez denuncia presunta red de bodegas digitales atribuidas al entorno de Dilian Francisca Toro y su asesor Carlos Suárez

El senador advierte sobre una supuesta estructura de cuentas falsas, ataques coordinados y utilización de recursos públicos para desacreditar a dirigentes de oposición en el Valle del Cauca.

El senador Duvalier Sánchez puso en conocimiento público una grave denuncia sobre la presunta existencia de una red de bodegas digitales y cuentas falsas que, según sus investigaciones, estaría relacionada con el entorno político de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el asesor de marketing político Carlos Suárez. El congresista sostiene que esta estructura habría sido utilizada para promover campañas de desinformación, posicionar contenidos favorables a determinados sectores políticos y desacreditar a dirigentes que ejercen oposición a la administración departamental.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por Sánchez en el espacio periodístico En la RAYA, de la Revista RAYA, su equipo habría investigado durante aproximadamente un año el funcionamiento de esta presunta organización. El senador aseguró que existirían conversaciones, documentos y otros elementos que permitirían establecer la operación de una estructura de comunicación digital coordinada. Según su denuncia, se habrían comprometido alrededor de 20.000 millones de pesos de recursos públicos mediante contratos relacionados con Innovatech y Telepacífico, asunto que requiere verificación por parte de los organismos de control.

Entre los aspectos señalados por el congresista figura la supuesta contratación de jóvenes para administrar múltiples perfiles digitales, publicar comentarios, replicar contenidos y ejecutar ataques contra figuras políticas críticas de la Gobernación. Sánchez manifestó que algunos operadores habrían recibido equipos tecnológicos, teléfonos celulares y tarjetas SIM para manejar hasta veinte cuentas por persona. También denunció la existencia de instrucciones, coordinadores y cuotas de publicaciones, una modalidad que, de comprobarse, representaría un mecanismo organizado de manipulación de la conversación pública en las redes sociales.

La denuncia también involucra al estratega político Carlos Suárez, a quien Sánchez atribuye un presunto papel en la articulación de la estrategia y en las relaciones contractuales que habrían permitido su funcionamiento. El congresista mencionó igualmente a otras personas que, según su investigación, habrían participado en la coordinación de los operadores digitales. Entre los hechos que solicitó investigar se encuentran posibles irregularidades en la contratación pública, el uso de recursos estatales para actividades de carácter político y la eventual comisión de delitos relacionados con la administración de dineros públicos y los sistemas informáticos.

Uno de los aspectos más delicados de las declaraciones tiene que ver con la posible relación entre la actividad de estas cuentas y hechos de violencia contra dirigentes políticos del departamento. Sánchez mencionó publicaciones digitales que, según su rastreo, habrían circulado antes del atentado contra Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí, y que presuntamente buscaban relacionarlo con estructuras ilegales. También hizo referencia a homicidios que, por su contexto, considera necesario investigar. Sin embargo, cualquier conexión entre las campañas digitales y los hechos violentos deberá ser establecida por las autoridades judiciales, sin anticipar responsabilidades individuales.

El senador aseguró que las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación y reclamó una investigación exhaustiva para establecer quiénes financiaron, coordinaron y ejecutaron las presuntas operaciones digitales. La controversia también abre interrogantes sobre el papel de las instituciones públicas, los mecanismos de contratación y la protección de la oposición política en el Valle del Cauca. Hasta que existan decisiones de las autoridades competentes, los señalamientos contra Dilian Francisca Toro, Carlos Suárez y las demás personas mencionadas deben entenderse como acusaciones pendientes de esclarecimiento, y es fundamental conocer sus respectivas respuestas.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo sobre la democracia en la era digital: ¿hasta dónde pueden llegar las estrategias de marketing político sin convertirse en mecanismos de manipulación ciudadana? Las redes sociales deben ser escenarios de deliberación, información y confrontación democrática de ideas, no instrumentos para fabricar consensos artificiales o perseguir a quienes piensan diferente. La ciudadanía vallecaucana tiene derecho a conocer la verdad, exigir transparencia en el manejo de los recursos públicos y reclamar que las instituciones investiguen con independencia y rigor.

En democracia, la reputación no se fabrica con cuentas falsas y la verdad no puede convertirse en una mercancía al servicio del poder.


Informe: redacción terceraRAÍZTV 


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