Duvalier Sánchez denuncia presunta red de bodegas digitales atribuidas
al entorno de Dilian Francisca Toro y su asesor Carlos Suárez
El senador advierte sobre una supuesta estructura de cuentas falsas, ataques coordinados y utilización de recursos públicos para desacreditar a dirigentes de oposición en el Valle del Cauca.
El
senador Duvalier Sánchez puso en conocimiento público una grave denuncia sobre
la presunta existencia de una red de bodegas digitales y cuentas falsas que,
según sus investigaciones, estaría relacionada con el entorno político de la
gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el asesor de
marketing político Carlos Suárez. El congresista sostiene que esta estructura
habría sido utilizada para promover campañas de desinformación, posicionar
contenidos favorables a determinados sectores políticos y desacreditar a
dirigentes que ejercen oposición a la administración departamental.
De
acuerdo con las declaraciones entregadas por Sánchez en el espacio periodístico
En la RAYA, de la
Revista RAYA, su equipo habría investigado durante aproximadamente un año el
funcionamiento de esta presunta organización. El senador aseguró que existirían
conversaciones, documentos y otros elementos que permitirían establecer la
operación de una estructura de comunicación digital coordinada. Según su
denuncia, se habrían comprometido alrededor de 20.000 millones de pesos de recursos
públicos mediante contratos relacionados con Innovatech y Telepacífico, asunto
que requiere verificación por parte de los organismos de control.
Entre
los aspectos señalados por el congresista figura la supuesta contratación de
jóvenes para administrar múltiples perfiles digitales, publicar comentarios,
replicar contenidos y ejecutar ataques contra figuras políticas críticas de la
Gobernación. Sánchez manifestó que algunos operadores habrían recibido equipos
tecnológicos, teléfonos celulares y tarjetas SIM para manejar hasta veinte
cuentas por persona. También denunció la existencia de instrucciones,
coordinadores y cuotas de publicaciones, una modalidad que, de comprobarse,
representaría un mecanismo organizado de manipulación de la conversación pública
en las redes sociales.
La
denuncia también involucra al estratega político Carlos Suárez, a quien Sánchez
atribuye un presunto papel en la articulación de la estrategia y en las
relaciones contractuales que habrían permitido su funcionamiento. El congresista
mencionó igualmente a otras personas que, según su investigación, habrían
participado en la coordinación de los operadores digitales. Entre los hechos
que solicitó investigar se encuentran posibles irregularidades en la
contratación pública, el uso de recursos estatales para actividades de carácter
político y la eventual comisión de delitos relacionados con la administración
de dineros públicos y los sistemas informáticos.
Uno
de los aspectos más delicados de las declaraciones tiene que ver con la posible
relación entre la actividad de estas cuentas y hechos de violencia contra
dirigentes políticos del departamento. Sánchez mencionó publicaciones digitales
que, según su rastreo, habrían circulado antes del atentado contra Felipe
Ramírez, exalcalde de Jamundí, y que presuntamente buscaban relacionarlo con
estructuras ilegales. También hizo referencia a homicidios que, por su
contexto, considera necesario investigar. Sin embargo, cualquier conexión entre
las campañas digitales y los hechos violentos deberá ser establecida por las
autoridades judiciales, sin anticipar responsabilidades individuales.
El
senador aseguró que las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General
de la Nación y reclamó una investigación exhaustiva para establecer quiénes
financiaron, coordinaron y ejecutaron las presuntas operaciones digitales. La
controversia también abre interrogantes sobre el papel de las instituciones
públicas, los mecanismos de contratación y la protección de la oposición
política en el Valle del Cauca. Hasta que existan decisiones de las autoridades
competentes, los señalamientos contra Dilian Francisca Toro, Carlos Suárez y
las demás personas mencionadas deben entenderse como acusaciones pendientes de
esclarecimiento, y es fundamental conocer sus respectivas respuestas.
Este
caso vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo sobre la democracia en la
era digital: ¿hasta dónde pueden llegar las estrategias de marketing político
sin convertirse en mecanismos de manipulación ciudadana? Las redes sociales deben
ser escenarios de deliberación, información y confrontación democrática de
ideas, no instrumentos para fabricar consensos artificiales o perseguir a
quienes piensan diferente. La ciudadanía vallecaucana tiene derecho a conocer
la verdad, exigir transparencia en el manejo de los recursos públicos y
reclamar que las instituciones investiguen con independencia y rigor.
En democracia, la reputación no se
fabrica con cuentas falsas y la verdad no puede convertirse en una mercancía al
servicio del poder.
Informe:
redacción terceraRAÍZTV

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